Oscar Clemente Marroquín
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En la manzana ubicada entre la tercera y cuarta avenida y la quince y dieciséis calle de la zona uno de la ciudad, funcionó durante muchos años el hospicio donde se daba refugio a niños sin padre. Conocí el lugar en la década de los cincuenta porque en la Iglesia que allí funcionaba hice mi primera comunión y durante muchos años, al pasar por la cuarta avenida, se podían ver las viejas instalaciones, ahora cubiertas por locales comerciales que fueron construidos posteriormente.
Ese lugar es ahora el centro de una polémica muy intensa en las redes sociales, luego de que Inés Ayau, monja católica ortodoxa del Monasterio de la Santísima Trinidad, Amatitlán, denunciara el lunes pasado que había sido conminada a abandonar el lugar que les fuera entregado en el gobierno de Álvaro Arzú. El gobierno actual tomó decisiones sobre la base de que necesitan lugares para albergar a los menores bajo la tutela del Estado luego de los trágicos incidentes del Hogar Virgen de la Asunción.
El caso es que la Procuraduría General de la Nación tomó el caso y notificó a las monjas que tenían treinta días para abandonar el lugar, explicando que los instrumentos legales necesarios no fueron perfeccionados de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. El decreto del presidente Arzú no fue nunca publicado en el Diario Oficial y la escritura que contenía el usufructo no fue inscrita en el Registro de la Propiedad. Además critica que las monjas construyeran locales comerciales que dan en arrendamiento sin que nadie fiscalice el producto de esas rentas.
El asunto es que la misma PGN que en el caso de Terminal de Contenedores Quetzal permitió la operación del negocio, no obstante que hay una demanda de nulidad para el contrato suscrito mediante un soborno de treinta millones de dolares en tiempos de Pérez Molina, ahora adopta una actitud legalista con el Hogar Rafael Ayau y las monjas, no obstante que no hay término de comparación entre un negocio y el otro. Cuando una autoridad pretende actuar de manera rigurosa en el cumplimiento de la ley tiene que ser coherente y demostrar que en todos los casos se actúa con igual prurito.
Entregar a Bienestar Social el Hogar Rafael Ayau no parece ser lo más indicado si tomamos en cuenta la forma en que esa dependencia del Estado ha operado otros centros de atención a menores de edad desprotegidos. Pero además puedo sentirme seguro al decir que la monja Inés Ayau no dio ninguna mordida para lograr que se le entregara en usufructo el Hogar, mientras que el otro caso es ya objeto de un proceso penal el comportamiento del español Pérez Maura, quien de manera tan descarada como ha operado la firma brasileña Odebrecht, sobornó al gobierno de Pérez Molina para quedarse con la Terminal de Contenedores Quetzal.
En otras palabras, lo que ocurre es que la Procuradora General de la Nación carece de la autoridad moral para proceder contra la iglesia católica ortodoxa del Monasterio de la Santísima Trinidad, Amatitlán, porque su actitud en cuanto a TCQ fue absolutamente distinta, no obstante que ese negocio apesta a shuco desde donde se le quiera ver.
