Con razón somos siempre muy críticos con lo público y por ello nos preguntamos qué hacen en los hospitales para que nunca haya nada y que nos traten de mala manera; o qué hacen los policías para que siempre tengamos esa sensación de inseguridad; o por qué hacen tan poco Joviel y sus maestros para la formación de nuestros jóvenes.
Ese fiasco nos lleva a buscar lo privado. Tenemos que ir a hospitales que, con lo que tengan, atiendan al que cuenta con un poco más de recursos para pagar al médico privado y los laboratorios con que se asocian para sacar todas y más de las pruebas que son necesarias; no digamos del ejército de policías privados y escoltas o guardaespaldas que andan atrás de todos los que se sienten en riesgo; o de aquellos centros educativos que terminan siendo la segunda casa de los menores sin que haya una verdadera diferencia entre unos y otros más que los cheques que cobran y los padres con los que se tienen que relacionar.
Lo que sí sabemos es que solo con decir que es “hospital privado”, “policía privado” o “colegio privado”, el guatemalteco termina dando por sentado que es “calidad” lo que están adquiriendo.
El Estado se organiza, por definición, para el Bien Común. Todos los ingredientes, territorio, marco legal, soberanía, ciudadanía, etc., están para proveer a todos con beneficios mínimos que permitan generar las oportunidades y el sistema de bienestar que todos aspiramos.
Cuando el Estado falla en cumplir ese bien común y termina entregando los servicios básicos a manos que, encima de todo, tampoco están preparadas para ejercer su función y cuya única motivación es el lucro, la condena es total para quienes buscan garantizar lo mínimo requerido para aspirar a la satisfacción y el desarrollo.
En Guatemala hemos decidido y permitido entregarle todas esas responsabilidades a quienes son, en su muy amplia mayoría, personas sin mayor preparación que lucran con la gran necesidad de la gente ofreciendo como valor agregado el beneficio de un sentimiento clasista de prestar “servicios privados”.
Y lo peor de todo es que donde sí falla el Estado es en la certificación de personal que presta dichos servicios. Médicos que se dicen especialistas sin serlo y negocian con laboratorios; individuos que prestan su valor como talento para conseguir chance de policías privados o aquellos maestros que se desentienden de los alumnos de mil y una maneras. En el fondo, cuestionamos lo público, pero, muy pocas veces lo privado que necesita tanta denuncia y atención también.
