Jorge Santos
Evidentemente la barbarie cometida el pasado 8 de marzo, en contra de niñas guatemaltecas, tan solo constituye un eslabón más en una larga cadena de violencias, injusticias e impunidades que imperan en el país y que no son más que responsabilidad de las instituciones públicas, que con su actuar o su omisión permiten que las mismas se den en un estado de indefensión absoluta de la ciudadanía y en este caso en particular de niñas, bajo la responsabilidad y tutela del Estado guatemalteco.
Sin embargo y por más duro que parezca, cualquier persona sensata, pensaría que frente a la dimensión de los hechos, las autoridades de Gobierno y de la institucionalidad pública del Estado conducirán un proceso de ordenamiento, toma de control, deducción de responsabilidades, apoyo irrestricto a las víctimas y familias y que los y las sobrevivientes no tendrán por que repetir en lo más mínimo las condiciones que sufrían previo al incendio. Empero, la situación ha sido totalmente contraria, constituyendo una reiterada situación de graves violaciones a los derechos humanos de las niñas y niños, sus familias y contra la ciudadanía en general.
Desde antes del 7 de marzo, hemos visto la anomia estatal, que se traduce en la inoperancia absoluta, frente a una serie de denuncias presentadas por familiares de niñas que estaban sufriendo violaciones a sus derechos fundamentales, así como por parte de instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos, que a la fecha dan la apariencia de no haberse realizado las diligencias pertinentes y que por lo tanto, permitieron llegar a los eventos del 7 y 8 de marzo. A esto habrá que sumarle en los procesos de investigación pertinentes, que el 7 de marzo, tanto la Secretaría de Bienestar Social, como la Policía Nacional Civil contrario al mandato legal que les ampara, trataron a niñas como si se tratara de personas en conflicto con la ley penal y bajo ese mecanismo a todas luces absurdo y represivo violentaron a las niñas y posiblemente cometieron actos como abuso de autoridad, detención ilegal y al encerrarlas bajo candado –como el propio Presidente de la República ha declarado– cometieron actos de malos tratos, tratos crueles y denigrantes.
Y luego de estas reiteradas violaciones a los derechos humanos de las niñas y de presuntos delitos cometidos el 8 de marzo, se dieron una serie de acciones afirmativas y negativas que dieron paso a la muerte de más de 40 niñas y muchas otras heridas. Frente a ello, la institucionalidad pública no ha sido capaz de dar una respuesta contundente a las sobrevivientes, a las familias y a la sociedad guatemalteca, muy por el contrario el desorden, la desidia y la opacidad han prevalecido en la institucionalidad, dando muestras del incremento y reiteración de las graves violaciones cometidas. A estos lamentables hechos se suman las acciones de impunidad que diputados y diputadas pretenden impulsar en medio del dolor nacional, en vez de impulsar su actuar hacia la protección de la niñez. De esta cuenta, se hace necesario que la sociedad guatemalteca continúe e incremente su demanda ciudadana de acción pública y que esto incida en la transformación y creación de un verdadero sistema de protección a la niñez guatemalteca.
