Juan Antonio Mazariegos G.
El que probablemente puede ser considerado el más grande destape de corrupción en la historia, la confesión de la compañía brasileña Odebrecht en Estados Unidos, ante las autoridades judiciales de ese país, en donde sus abogados y directivos revelaron la existencia de una práctica de corrupción institucional que abarca hasta 10 países del continente y más de 350 millones de dólares en mordidas y sobornos continúa su marcha en lo que ya se denomina un tsunami legal y político y tiene contra las cuerdas a más de 8 expresidentes y presidentes latinoamericanos.
En Colombia, el propio presidente Juan Manuel Santos se encuentra sitiado y se defiende como puede cuando ya se reveló que la compañía brasileña financió parte de su campaña política del 2010, en Perú, Alejandro Toledo expresidente de ese país se refugia en Estados Unidos, amparado en una ciudadanía americana que retrasa una extradición que ya solicitó la fiscalía, mientras Rafael Correa en Ecuador se defiende con el único argumento que utilizan los populistas afirmando que nada es cierto y que todo se hace como parte de una campaña para desprestigiarlo y así país por país, el tsunami Odebrecht avanza implacable, pues pocas veces la justicia ha contado con la confesión del sujeto activo de un caso de cohecho, en las condiciones en las que este se ha revelado.
En Guatemala por el contrario no se perciben avances, la fiscalía aún no se pronuncia y distinto a las acciones emprendidas por el Ejecutivo y la justicia peruana, en nuestro país, seguimos a la espera de lo que se entiende es parte de la colaboración que hará el gobierno de Estados Unidos al facilitar los datos que correspondan a Guatemala dentro de la declaración de los brasileños y que permitirá identificar qué funcionarios y personas privadas se vieron beneficiadas con los 18 millones de dólares que según las noticias de prensa corresponden a la “inversión” de Odebrecht en nuestro país.
El caso Odebrecht, como tantos otros, debe de tener consecuencias, los 18 millones de dólares en mordidas que se repartieron en Guatemala, no se dieron para beneficiar al país o para que los guatemaltecos probaran obras espectaculares producidas por esa empresa, ese dinero se dio para comprar voluntades, poder generar sobreprecios en las obras, buscar ineficiencia en la supervisión de la calidad de lo que se construía, se dio simplemente con el propósito de defraudar al Estado y a sus ciudadanos y embaucarnos en préstamos otorgados por bancos brasileños que por supuesto sí tendremos obligación de pagar. Es indispensable que el Gobierno y la Fiscalía actúen, mientras en otros lugares la marea ya barre a los corruptos en Guatemala del tsunami aún no hay ni alarma.
