Alfonso Mata
La participación ciudadana en la cosa pública en los últimos años ha sido un fraude, un señuelo democrático. Primero el uso de la energía para el voto, luego los debates públicos de los candidatos y finalmente la reforma a las leyes. Todo eso tiene su objetivo, dar a los ciudadanos la ilusión de influir en las decisiones políticas. Ingenuo ¡no! y casi todos, ciudadanos y organizaciones queremos más de eso, creyendo con ello lograr avances en los intereses ciudadanos.
«¡Queremos un debate público!» es la exigencia de los defensores de la sociedad civil y se les da el espacio, mientras los acusados se defiende en campos pagados, mostrando su santidad y cara de inocencia y en medio de esos dimes y diretes, el público ignorante ante lo que son los problemas nos trasformamos en mudos espectadores y crédulos de que esa confrontación lleva a la libertad, la sabiduría y la justicia.
Es claro y la historia así nos lo muestra, que este procedimiento no es ni ha sido la mejor manera de conducir y llevar al respeto por el interés común, especialmente cuando se trata de temas y cuestiones relativas a las personas y las poblaciones más afectadas y menos atendidas.
Probablemente el mejor juego al respecto sería primero hacer hablar a los expertos (información) luego dejar hablar al público (debate) ante un escritor certificado que resuma (balance). Esto permitirá que el poder pueda tomar decisiones (de arbitraje). Uno puede tomar cada una de estas fases de manera crítica y cuestionarla. Por ejemplo, la elección de los «expertos»: ¿esta elección no prejuzga, no hace dominio de los contenidos a favor de intereses mezquinos? Entonces ¿Por qué no expertos de la sociedad civil? En el debate los ciudadanos que se expresan son escasos ¿son representativos de los intereses comunes?; En el balance general: ¿cómo retener, ponderar y expresar todas las opiniones? En el método actual, la gran estafa es dejar de hacer con objetividad y a favor del bien común el arbitraje, que siempre muestra ser favorable para el crecimiento y la competitividad de unos contra otros, el estado contra el pueblo y un beneficio adulterado. Es por ello que las decisiones políticas se toman siempre antes del debate público.
La prueba más clara la tenemos con todo lo que ha estado ocurriendo en el congreso con las leyes, porque todavía parece que algunas asociaciones que querían jugar el juego de participación quedaron enfriadas en los simulacros, lo que criticaban era la realización de un debate público en lugar de su propósito común y un alcance de objetivos claros.
De este modo, los ciudadanos con razón lamentan que no se les presenten los debates sobre temas importantes tales como uso y extracción de recursos no renovables y su problemática ecológica, social y ambiental que se confronte con información técnica y científica y se llegue a un claro balance, pero ni políticos ni interesados en la explotación, parecen cuestionar esta deficiencia y caricatura de democracia, naturalmente enfocada al beneficio de unos pocos.
Los acontecimientos de participación ciudadana de los últimos años, nos han mostrado que si la consulta popular se quiere hacer efectiva, es decir si se quiere una democracia activa, sin cambio en el modelo actual de participación no existe «el derecho de participación del público en la toma de decisiones», sino un derecho a ser consultados banalmente. Siempre hay que recordar que es posible y necesario diseñar una información objetiva y contradictoria, que mida el peso relativo de diversas opiniones y dejar que el propio público articule sus propuestas, para evitar la regla de intereses especiales. La participación «ciudadana» se diferencia de las otras fases del debate público en que es el mediador y decisor entre el debate público y el acuerdo político, al final, es el que debe limar las diferencias. A través de este procedimiento, la mayoría de la población (los que no participaron, pero cuyos intereses son los mismos que los de los miembros que sí) puede tener conciencia sobre resultados claros, informados y creíbles para apoyar su movilización. Pero también es necesario que el poder no desprecia el consejo que él mismo pidió, y se nutra de la contribución ciudadana como la más relevante para su decisión, sabiendo que será juzgado en ella.
