Claudia Navas Dangel
cnavasdangel@gmail.com

No sé ni cómo expresar la tristeza y la rabia que me embarga. El asesinato de las niñas de esa institución del Estado a la que estúpidamente llamaron “hogar seguro” ha puesto a la mira de todos una problemática de la cual se viene hablando desde hace años, y al que poca importancia se le ha dado: el maltrato y la violencia que viven las niñas y niños que son institucionalizados.

Por ello cuando se dice que es responsabilidad del Estado lo ocurrido el 8 de marzo es correcto. No pretendo con esto desligar mi responsabilidad como ciudadana indiferente a los problemas que aquejan a esta sociedad, y es por ello que considero de vital importancia que nos organicemos y exijamos al gobierno del señor Jimmy Morales que asuma su responsabilidad, no sólo poniendo tras las rejas a quienes tienen a su cargo la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y esta organización, sino también que él mismo asuma las consecuencias por haber sido negligente y haber ignorado las denuncias que recibió un día antes de la situación que se vivía en este lugar.

Es imperativo que desde ya se haga algo con las demás instituciones del Estado que tienen a su cargo a niños y niñas que seguramente estarán en las mismas circunstancias y se brinde atención inmediata a los infantes.

En Guatemala existe la Ley de Protección Integral de la Niñez, pero no se crearon políticas públicas para su ejecución ni se le asignó presupuesto al tema, aunque tenga o no asignado presupuesto no es el punto, porque de todos es sabido que el dinero que tributamos y debería utilizarse en mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos es sustraído por los funcionarios públicos, quienes luego de pasar unos cuantos años en cargos públicos tienen sendas cuentas bancarias.

Por ello a través de este espacio, que permite expresarme y expresar la voz de muchos más, exijo que se creen estas políticas públicas, que se organice un equipo conformado por gente honesta, es decir no funcionarios del Gobierno, para realizar una auditoría social y que se cree prontamente protocolo detallado e inmediatamente se implemente para la atención de niñas y niños en riesgo.

A quién dice gobernar y a sus funcionarias exigimos respeto y justicia.

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