Jesús Abalcázar López
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A pesar de los esfuerzos realizados por la CICIG y el Ministerio Público, aún no ha sido posible erradicar la corrupción de determinados jueces y magistrados, en juzgados, salas y aún en la CC, por lo que siguen las prácticas indebidas, de aquellas resoluciones que favorecen la impunidad.
El público se encuentra alarmado por los niveles de corrupción e impunidad que se vienen dando en varios órganos jurisdiccionales, para la impartición de la justicia. Estos fallos son cuestionados, porque devienen en retardo malicioso de los procesos, puesto que, los plazos se prolongan demasiado, convirtiendo en un mito la mal llamada: “justicia pronta y cumplida”. Puesto que, en la realidad, no se cumplen los plazos y trámites del juicio debido a estas resoluciones, que incluyen las recusaciones, que se utilizan de manera recurrente para tratar de poner tachas al juez, con lo que se busca evitar que siga conociendo en un proceso judicial, con el objetivo de alejarlo del mismo.
Es evidente que muchas de estas acciones, únicamente persiguen entorpecer el desarrollo normal del proceso, a la espera de poder bloquear o cambiar el curso de las acciones judiciales. Se han tenido muchos casos al respecto, y entre los casos recientes está el de la aún magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, donde la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, resolvió que el Juez Séptimo Penal, Adrián Rodríguez, debe fundamentar las razones por las cuales, Blanca Stalling, debe permanecer en prisión preventiva, considerando que ella se opone a seguir prisionera. Pero, Stalling, también recusó al juez, aduciendo imparcialidad, eso fue solo para que se suspendiera la audiencia. El otro caso, reciente, es el juicio del repudiable asesinato de la recordada dama Cristina Siekavizza, por quien fuera su esposo, Roberto Barreda de León, hijo de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra en prisión, acusado de ser el autor intelectual y material de tan execrable acto criminal.
El acusado, Roberto Barreda, está siendo juzgado, entre otros, por los delitos de femicidio y violencia contra personas menores de edad. La Corte de Constitucionalidad, ante lo solicitado por Roberto Barreda, quien argumentó de que fueron aceptadas correcciones a la investigación, el día que comenzó la diligencia, por lo cual, la Corte de Constitucionalidad, anuló la resolución en la audiencia de acusación, emitida por el juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo B, con lo cual, el proceso puede sufrir un estancamiento, en su trámite, de por lo menos, más de un año. Pero, consideramos, como más grave, el amparo provisional otorgado por la polémica y cuestionable CC, respecto al funcionamiento de las Hidroeléctricas Oxec I y Oxec II, las cuales quedaron suspendidas temporalmente. La mencionada Corte de Constitucionalidad no debería tomar determinaciones que ponen en peligro la producción eléctrica con recursos hídricos, por los daños a la economía de la población, elevando los costos para el consumo.
Las opiniones anteriores, ponen de manifiesto que buena parte de los actuales jueces y magistrados, que han llegado a los cargos con base en compadrazgos y acuerdos políticos y compromisos adquiridos, respecto de otorgar favores judiciales, cuando los necesiten, con los cuales retrasan y entorpecen los procesos, para darles oxígeno y ventajas procesales a los acusados y a sus abogados defensores. Es tiempo de legislar para reformar la procedencia del recurso de amparo, así como, lo relacionado con la recusación, para evitar los abusos en el uso de ellos.
