Los diputados del Congreso de la República han querido colocar al Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, en una guillotina para que sea quien pague un sentimiento de ingobernabilidad que hay en el país, pero que tiene su origen en el mismo Organismo Legislativo.
No puede ser que un país en agonía ponga toda su apuesta en una reforma al Estado y que caiga en las manos de los corruptos diputados del Congreso de la República.
El Procurador de los Derechos Humanos dijo en el Caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción las cosas como son: Somos un Estado fallido que es responsable de este crimen. Y queremos retar a quien no esté de acuerdo a plantearnos la hipótesis de cómo es que el Estado cumplió con su función y «fallas externas» fueron las que provocaron tal tragedia.
De León Duque tuvo en este proceso la integridad de decidir que no se postulará a un nuevo período. Pero también ha tenido la misma integridad para seguir haciendo su trabajo aún con temas que, como este, generan resquemores dentro de la población guatemalteca.
Y es un drama que terminemos siendo un circo romano en el que parece que queremos darle entretención a la gente sin que los cambios profundos sean realizados en el país.
Cuando se habla que un crimen es de Estado, se tiene que comprender que no se está generando la sensación de ser un «crimen de gobierno». Si esa fuera la acusación, el panorama sería extremadamente diferente.
Pero es un tema de Estado ya que no somos una sociedad integrada por ciudadanos que se hayan mostrado afectados, ofendidos y escandalizados de la forma en que vivían las jóvenes en el centro en que ocurrió la tragedia,
Somos un Estado fallido y este es un crimen de Estado cuándo todas las alertas, pero sinceramente todas, sonaron como alarma ante una situación insostenible de abusos, maltratos y trata de personas.
El resultado, fue simplemente que nada pasó a pesar de las gestiones, acciones y resoluciones. La institucionalidad falló y nuestra tarea no es hacer el circo romano para entretener a la población, sino que debe orientase a la revisión, discusión y socialización de los nuevos protocolos de seguridad que logren afectar a todos los jóvenes y adolescentes en conflicto.
Guatemala es un país de crisis y emergencias. Nos hace un Estado fallido que no hay poder institucional que prevenga, limite y asista en caso de urgencia. Por ello, no es eliminando al mensajero que se resuelve el problema. El procurador estuvo correcto en su apreciación.
