Javier Monterroso
El día de ayer martes 8 de marzo nuevamente una tragedia terrible sacudió al país, en esta ocasión se trata de un incendio en el hogar de niños Virgen de la Asunción, el número de víctimas mortales hasta ahora asciende a 31 niñas.
Para quien no esté familiarizado con el tema los “hogares seguros” son centros de albergue de niños, niñas y adolescentes en proceso de protección de sus derechos, es decir, son niños que han sufrido algún tipo de maltrato por parte de sus padres o tutores, algunos son huérfanos o niños abandonados, por lo que para protegerlos un Juez de la Niñez determina que tiene que estar al cuidado de un hogar, hay hogares privados y públicos y en el caso del Hogar Virgen de la Asunción depende de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), que es una dependencia del Organismo Ejecutivo.
El diario La Hora evidenció desde el año 2015 las anomalías y denuncias, por prácticas de tortura y tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes e incluso casos de violación cometidos contra los niños y niñas albergados en ese hogar, lamentablemente ninguna entidad tomó cartas en el asunto, hasta ahora todo indica negligencia por parte de las autoridades de la SBS.
Hay dos instituciones clave en la supervisión de hogares de protección, la primera de ellas es el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), que de acuerdo a la Ley de Adopciones tiene la función de supervisión de hogares de protección, tanto públicos como privados, lamentablemente la misma ley establece que en el caso de los hogares públicos debe hacerlo “bajo la coordinación” de la SBS, lo cual en la práctica ha permitido que en ocasiones ni siquiera les den acceso a los hogares, a pesar de esta limitación el CNA en diciembre de 2016 emitió un dictamen que hizo llegar al Juez de la Niñez y Adolescencia, donde determina que el Hogar Virgen de la Asunción no reunía las condiciones para abrigar a la niñez.
Pero la otra institución que tenía que haberse pronunciado sobre lo que pasaba en el hogar es la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, institución que tiene las facultades legales para examinar todos los centros de privación de libertad y aquellos lugares donde se encuentren detenidas personas por orden judicial, para determinar que no estén sufriendo maltratos o condiciones contrarias a la dignidad humana, lamentablemente a pesar de que La Hora denunció, en reiteradas ocasiones, que en el hogar se cometían abusos y prácticas de tortura contra los niños, esta oficina jamás se pronunció sobre esto ni sobre si las condiciones del hogar eran las adecuadas para albergar tal cantidad de niños.
Esta tragedia pudo evitarse si las autoridades de la SBS y la Oficina de Prevención de la Tortura hubieren actuado, ahora le corresponde al MP deducir responsabilidades penales por negligencia e incumplimiento de deberes.
