Raúl Molina
El Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) ha convocado a una gran manifestación, el 7 de marzo, para plantear una serie de temas urgentes, entre ellos la renuncia de Jimmy Morales a la presidencia de la República, por la utilización de financiamiento ilícito para su campaña presidencial. Es evidente que el mismo delito es aplicable también a Jafeth Cabrera. Nosotros apoyamos la solicitud de renuncia, no solo por la forma ilegítima en que llegaron al gobierno, sino que, principalmente, por su pésimo desempeño y la necesidad de reorientar el Poder Ejecutivo antes de que el Estado fallido termine de colapsar y caigamos en la anarquía total. No se puede perder más tiempo. Las vidas de cientos de connacionales se pierden constantemente –17 homicidios diarios y todo tipo de accidentes, enfermedades y hambruna– sin que eso impacte al gobierno en lo más mínimo; su indiferencia es imperdonable. Los problemas sociales y económicos se multiplican y este gobierno siempre se alinea con los ricos y castiga a los sectores populares. La corrupción aparece por todos lados, con transas millonarias, aun en las familias de los mandatarios, y la impunidad sigue siendo una constante, particularmente en sus círculos cercanos. Además, el calvario de las y los migrantes se intensifica, sin que el gobierno mueva un dedo, salvo para designar a funcionarios no idóneos que tendrían que velar por la seguridad e integridad de nuestros compatriotas sin saber cómo. Ni siquiera se les otorga el pasaporte por el que ya pagaron y son últimos en las listas de espera del DPI, sin que el Minex pueda responder a los clamores de la población en el extranjero. Por todo esto, Jimmy y Jafeth no deben continuar. No favorecemos un golpe de Estado, porque la opción militar nos hundiría mucho más en el fango de la corrupción, la represión y la impunidad; pero sí exigimos el cambio de presidente y vicepresidente.
Algunas personas se harán la pregunta: ¿qué hacer si presidente y vicepresidente renuncian? Esto, que a los ojos de los constitucionalistas parecería ser un nudo gordiano, tiene una solución simple a la luz del ejercicio de la soberanía del pueblo. El primer paso es designar un gobierno provisional, lo que se traduce en una Junta de Gobierno que, por decencia mínima, tendría que ser solamente cívica. Tres personas civiles, honestas y capaces, han de ser nombradas para asumir la función Ejecutiva y para emitir acuerdos, por decreto, que estructuren la salida de la crisis. Si bien estas tres personas serían nombradas por el Congreso actual, que no goza de ninguna credibilidad, el Organismo Legislativo se limitaría a elegir entre personas propuestas por la sociedad civil, mediante mecanismos ad hoc. Las y los candidatos deben gozar de amplio respaldo. La Junta, una vez empoderada, debería empezar a emitir acuerdos para ir atendiendo los múltiples y difíciles problemas del país. Es esta la fórmula para empezar a enfrentar la crisis y generar las condiciones para alcanzar un Pacto Social, que nunca ha existido, que permita la convivencia pacífica y el desarrollo integral y sostenible de las y los ciudadanos y residentes en el país.
