Isabel Pinillos – Puente Norte
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En la visión de la era de Trump, las nuevas políticas relacionadas con la inmigración, están dirigidas hacia su criminalización. Un ejemplo de ello es la creación de la oficina de Víctimas de Crímenes Cometidos por Inmigrantes (VOICE, por sus siglas en inglés), creada en una de sus órdenes ejecutivas. Anoche, en su primer discurso al Congreso, Trump indicó que el objetivo de la misma sería “proveer una voz para aquellos que han sido ignorados por los medios y silenciados por inteseses especiales”. Para ilustrar su punto, incluso invitó a dos familias que habían perdido a un ser querido en manos de dos personas indocumentadas.
Esa misma orden ejecutiva también provee la reasignación de todos los recursos de la Oficina de Seguridad Interna de EE. UU. que se empleaban para la escasa defensa de inmigrantes indocumentados, ahora sean utilizados para VOICE.
Sin embargo, amplios estudios contradicen la concepción de Trump en relación a la criminalidad cometida por migrantes indocumentados. La investigación presentada por el American Immigration Council (AIC) demuestra la relación entre la inmigración y crimen a través de un siglo, indicando que es un hecho de que los inmigrantes tienen menos probabilidad de cometer delitos mayores, o de estar en prisión, que los nativos. Los resultados de dicho estudio indican que, a mayor inmigración, existen menores tasas de criminalidad violenta o en contra de la propiedad. Esto parece ser cierto, tanto para inmigrantes con estadía legal, como indocumentados, sin importar el país de origen o nivel educativo. Por ello, la gran mayoría de inmigrantes no son “criminales” en su acepción común de la palabra, y las políticas hacia la inmigración tampoco son efectivas para detener la inmigración. (https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/criminalization-immigration-united-states)
Las órdenes ejecutivas de Trump resultan de una estigmatización de los migrantes, basada en estereotipos y crear temor. El resultado final es influir en el imaginario social de ese país, para que los inmigrantes sean considerados como una amenaza, la cual hay que exterminar. De esa cuenta, la migración irregular es ahora un crimen, y los migrantes indocumentados, criminales. Nuevos delitos se aplican únicamente a inmigrantes irregulares, y sus derechos a un debido proceso son restringidos. Pareciera que todo está hecho con el fin de agotar la paciencia y que muchos se quieran regresar a sus países de origen. Aunque sabemos que la mayoría no tienen nada a qué regresar.
Pero la idea de crear una oficina especial para víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes es en sí descabellado. ¿Qué pasaría si se sustituyera la palabra “inmigrantes” por “afroamericanos” o personas de “otras preferencias sexuales” o por un concepto tan aleatorio como “personas que usan lentes”? Desde el punto de vista de la justicia, todas las víctimas deben ser atendidas sin importar quién ha sido el perpetrador del delito. Colocar una etiqueta relacionado al crimen es una manera cobarde de hacer propaganda estatal en contra de un grupo minoritario. En el mundo de lo absurdo de Trump, están los “tipos buenos”, es decir, los norteamericanos y los “bad hombres”, a quienes dijo desde su campaña que iba a expulsar. Ahora existirá además una oficina para atender a las víctimas de los “bad hombres”.
En mi opinión, la criminalización de la migración no se hace con el fin de detener el crimen; se hace con el fin de aumentar los flujos de expulsión. Lo cierto es que los países del Triángulo Norte, y en especial Guatemala, no estamos preparados para estas políticas de endurecimiento contra los migrantes, ni para que se apriete el grifo de donde provienen las remesas.
