El 13 de febrero de 1982 a nuestra familia le partieron el alma. Mi hermano el Dr. Emil Bustamante fue detenido-desaparecido por elementos del ejército de Guatemala, cuando gobernaba el general Romeo Lucas García; fue visto brutalmente torturado el 23 de marzo de 1982 en el cuartel militar de Matamoros, día en que el general Efraín Ríos Montt perpetró golpe de Estado. Emil era un intelectual universitario que sufrió la suerte de muchas otras personas (intelectuales, estudiantes y trabajadores) de la Universidad de San Carlos y otros sectores sociales, quienes fueron víctimas de la sinrazón imperante en los años más oscuros de la guerra.

Durante años hemos buscado, preguntado, demandado… pero el Estado guatemalteco ha ignorado todas nuestras acciones. Es cierto que ha habido algunos avances en materia penal y algunas víctimas han recibido justicia. No sé si será verdadera justicia, porque llegó tardía; no habrá verdadera justicia si los cuerpos de quienes fueron detenidos-desaparecidos no son devueltos a sus familias para los rituales del duelo; no será verdadera justicia si el castigo y el proceso no sirven para garantizar que nunca más volverán a repetirse dichas atrocidades.

No lograremos consolidar un verdadero estado de derecho si el gobierno guatemalteco se niega a tomar medidas como la ratificación de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, si el Congreso no aprueba la iniciativa de ley 3590 y crea la Comisión de Búsqueda de personas Desaparecidas, si el Estado guatemalteco sigue ignorando las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y todos los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos que han sido abundantes en materia de justicia, independencia judicial, lucha contra la impunidad, derecho a la verdad, reparaciones y resarcimiento.

Las condiciones que dieron origen al conflicto armado continúan vigentes. A 20 años de la firma de la paz todavía vivimos violaciones a los derechos humanos, no solo políticos y civiles, sino económicos, sociales y culturales. El Estado no ha hecho frente a las necesidades actuales de la población y ha permitido que la delincuencia organizada se entronice en las instituciones, las cuales han sido cooptadas y, por eso, el país vive con altos grados de violencia e impunidad. La corrupción y la violencia que hoy vivimos está directamente relacionada con el fortalecimiento de los poderes económicos, políticos y militares que se configuraron en el siglo pasado. Es una línea continua entre el ayer y el presente.

Guatemala necesita contar con instrumentos legales e instituciones fuertes que no permitan que se repitan las atrocidades cometidas durante el conflicto armado: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violencia sexual, tortura, arrasamiento de aldeas, masacres, etc.

Mientras no nos enfrentemos a nuestro pasado, nos miremos al espejo, reconozcamos la barbarie que se cometió y aceptemos que no fueron acciones apegadas al derecho, no vamos a tener la mínima capacidad de enderezar nuestro presente y futuro. Mientras no asumamos las responsabilidades de cada quien en los hechos del conflicto armado, nunca vamos a poder cerrar las heridas abiertas y no vamos a ser capaces de construir una Guatemala distinta, a la que nuestras hijas e hijos, nietas y nietos tienen derecho.

Siempre le digo a Emil: «Te arrancaron la vida, se robaron tu cuerpo, pero nunca pudieron arrancarnos la memoria».

Hoy conmemoramos 35 febreros de búsqueda, de lucha ininterrumpida, 35 años de esperar el retorno de Emil y de las más de 45 mil personas detenidas-desaparecidas por el ejército y las fuerzas policiales de Guatemala entre 1960 y 1996. Hay un tiempo para todo, ya es tiempo que sepamos la verdad de qué fue de nuestros seres queridos. JUSTICIA!!

Guatemala de la Asunción, febrero 2017.
Marylena Bustamante

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