Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
El día de ayer en una entrevista en CNN en Español, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, comentó acerca de la campaña negra que hay en su contra y contra el trabajo que han venido realizando en conjunto con el Ministerio Público (MP). Es importante mencionar que eso también le ha valido amenazas a Thelma Aldana.
Pero una de las cosas que más me llamó la atención, fue la claridad de Velásquez al decir «no hay ninguna voz oficial condenando esa campaña de desprestigio», al tiempo que agregó que están «soportando las embestidas» de los grupos afectados por el trabajo conjunto de los entes investigadores.
Pero yo quisiera aprovechar este espacio para responderle al Comisionado de la CICIG el porqué no hay una voz oficial condenando los ataques. Primero fue el turno del Congreso, a quienes vía antejuicios, se les mandó un mensaje que la podredumbre de ese organismo no pasaba desapercibida.
Luego fue el turno de la Corte Suprema de Justicia, magistrados y jueces y con ello también se envió un mensaje de que la cooptación de las Cortes estaba en el radar y que no se harían de la vista gorda.
Este «nuevo» Ejecutivo, que opera bajo las mismas mañas del pasado y que también operó con las reglas del pasado en torno al financiamiento electoral (no encuentran cómo justificar todo lo que recibieron), llegó a pensar lo mismo que en algún momento estimó Otto Pérez, es decir, que las investigaciones en su contra tenían tope y que nunca llegarían a ellos o a sus allegados.
Vayamos a los hechos. Cada vez que podía, Jimmy Morales mencionaba al MP y a la CICIG como muestra de que su gobierno y su familia eran lo que dijo ser «ni corruptos ni ladrones», agregando además que los apoyaba en su labor.
Pero desde el día en que se supo que su hijo y hermano estaban en el radar de la justicia, las cosas cambiaron abismalmente. Morales salió al paso a anunciar las investigaciones, pero desde ese día (quizá desde antes) empezó a trabajar en el famoso pacto de impunidad que llevó a Óscar Chinchilla al poder y por el cual sellaron un pacto con Blanca Stalling y su grupo en la CSJ, porque todos tenían el mismo objetivo: minar al MP y CICIG y tratar de quitar a sus cabezas. Por eso «Sammy» Morales dijo que el suyo sería un simple «caso de estudio».
Eso explica el silencio de Morales, por ejemplo, ante lo que ha pasado en el Congreso y en las Cortes e imagino que ahora, anda de capa caída también por la captura de Stalling, quien llegó a ser la reina de la impunidad y el tráfico de influencias.
Ese silencio no es casualidad y habrá que estar atentos a los cambios que pueda hacer Jimmy Morales en la Cancillería, en Washington y en Naciones Unidas porque no sería raro que de forma descarada ponga en marcha el plan para que se declare non grato a Velásquez y ver cómo salen de Aldana.
He sostenido que la lucha contra la impunidad y la corrupción se debe extender más allá del Partido Patriota y está claro que los esfuerzos de los que no desean cambiar es, como se dice popularmente, «parar la sangre» para que ya no sigan cayendo más capos de la corrupción (en especial los de cuello blanco).
