Se ha vuelto una crítica común de abogados y comentaristas sobre la coyuntura nacional que se efectúen capturas contra personajes que se han «puesto a disposición» del juzgado correspondiente en casos que públicamente se conoce que avanzan en su contra.
Quienes critican las acciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala al solicitar las capturas y el proceder de la Policía Nacional Civil al ejecutarlas, lo hacen casi con el argumento de la «buena voluntad» y el total interés de los acusados de participar y colaborar en aclarar los hechos.
Ha sido el caso desde que Roxana Baldetti se presentó al juzgado aquella vez que se recuerda por su caída en las gradas a la salida de la Torre de Tribunales para apresurarse con su seguridad para refugiarse entre una camioneta blindada de la prensa y los ciudadanos que le increpaban.
Igual pasó con el hijo y el hermano del Presidente por el caso, bien conocido ya, del Botín Registro de la Propiedad y, ahora, con el de la mejor operadora dentro de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling.
Primero que todo, tenemos que entender que la prisión preventiva no es sólo para reducir el peligro de fuga, sino especialmente para evitar acciones que obstaculicen o alteren la investigación que se lleve a cabo.
No podemos obviar que en principio la ostentación de poder de todos los personajes que hemos mencionado, facilita que se pueda ejercer alguna presión a su favor o interferencias que entorpezca el desarrollo procesal adecuado.
Todos los mencionados han manifestado su total convicción de no haber hecho nada malo, a pesar de las contundentes evidencias en su contra, pero tienen acceso a influencias para entorpecer la justicia. No digamos cuando un sindicado se disfraza de Chimoltrufia para evadir la acción de la justicia o aquel otro que dice que es normal su delito ya que todos lo hacen.
Otro argumento es que son delitos «menores» que se pueden tratar de manera distinta. Si ese es el caso, ¿no sería mejor liberar las cárceles de aquellos acusados de delitos como robar una gallina, una tienda de barrio o artículos que no sobrepasen las cantidades de las que están hablando? La verdad es que delito es delito y punto, y un funcionario que traiciona su mandato no debe recibir privilegios por su calidad.
Repetimos que «ponerse a disposición» de un juzgado, no es nunca una excusa para no ser detenido. Si tan buena voluntad tienen, que acepten que la han regado y que les toca un castigo.
