Alfredo Saavedra
La reciente disposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir el ingreso de viajeros provenientes de siete países musulmanes, quedó en suspenso que puede ser definitivo, por fuerza legal enderezada por jueces de varios estados, en acción respaldada por mandato legal, conforme la carta de derechos que rige en el procedimiento judicial de esa nación. Pero también debe concederse mérito a esa decisión de los jueces consecuentes, al movimiento civil expresado por las multitudinarias manifestaciones de solidaridad con la población musulmana con necesidad, por razones familiares, o por derecho ya adquirido de entrar a ese territorio.
La solidaridad en toda circunstancia tiene fuerza moral y constituye un acto que representa el cumplimiento de un deber humanitario, en servicio de quienes necesitan demostraciones de apoyo en momentos como el que se dio con el cierre de puertas a los ciudadanos musulmanes (hombres, mujeres y niños) con premura para la reunificación con sus familias o a sus trabajos si ese ha sido el caso.
El licenciado Fernando Castro, consultor migratorio y lector de La Hora, se dirigió a este columnista, mediante comunicación, para la divulgación de contenidos referentes a leyes emitidas en el estado de California que pueden ayudar a inmigrantes que hayan cometido delitos menores, antes del año 2015, para la exoneración de los mismos en su documentación de antecedentes violatorios de la ley. Delitos menores, tipificados como infracciones por manejar sin licencia, con las luces de los vehículos apagadas, conducir sin el cinturón de seguridad y otros que no constituyan acciones de delitos mayores.
Expone el señor Castro que los familiares de guatemaltecos que viven en California y que puedan estar en la categoría de delitos menores, deben estar en conocimiento de esa dispensación legal, para evitar que sus familiares sean deportados, conforme lo anunciado por el presidente Trump y que parece que será inminente, dentro de la prisa que tiene el gobernante por cumplir con sus promesas, y en este caso amenaza, que para los guatemaltecos puede constituir en detrimento de una mayoría, dentro de una concentración del 93 por ciento de compatriotas en ese estado. De modo que será una valiosa ayuda hacer saber de esa beneficiosa ley, a las personas con interés en tal disposición legal.
Es de esperar que el señor Trump, graduado en idiotez y por eso proclive a sus deliberaciones draconianas, no vaya a intervenir de forma desfavorable en el caso descrito, porque entonces sí que se necesitará de las demostraciones de solidaridad, en este caso de particular obligación para los guatemaltecos en respuesta al enunciado popular de “ayudarnos unos a otros” o como sea lo correcto del decir.
La emigración de nuestros compatriotas no obedece tanto a la persecución del ilusorio “Sueño americano” sino por la fuerza de buscar un destino mejor que el de su propia patria en un permanente estado de ingobernabilidad y como corolario de ello la presencia de una situación calamitosa de desempleo, delincuencia irrefrenable y una miseria galopante en detrimento mayor de una niñez sin futuro.
