Javier Monterroso
Los recientes eventos de la Corte Suprema de Justicia y la propuesta de reformas constitucionales que se discute actualmente en el Congreso, han colocado nuevamente en el debate el tema de las «comisiones de postulación», que es el sistema que se establece en la Constitución Política de Guatemala para elegir magistrados de salas de apelaciones, magistrados de Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República y Contralor General de Cuentas.
El sistema es casi único en el mundo y consiste en que delegados de las universidades y de los colegios profesionales de abogados y contadores públicos realicen una preselección de candidatos y posteriormente el Congreso de la República (o el Presidente en el caso de la Fiscal General), hagan la selección final de magistrados y Contralor General con base en esos candidatos.
Aunque aún hay quienes defienden las supuestas buenas intenciones de los constituyentes al momento de diseñar el sistema, bajo el argumento de que se quería garantizar un perfil académico de los candidatos a través de las universidades y ético a través de los colegios profesionales, yo sostengo que desde su creación el sistema es perverso pues no solo representa un vestigio del corporativismo medieval que otorgaba gran poder político a los gremios y claustros, sino además está diseñado para garantizar el poder sobre la justicia al sector privado organizado, quienes controlan las universidades privadas a través de las juntas de fiduciarios y controlaban los colegios profesionales a través de sus empleados, quienes conformaban el gremio de abogados y contadores públicos en los años ochenta.
Es por ello falso que las Comisiones de Postulación hayan sido pervertidas por personas como el famoso Roberto López Villatoro «el Rey del Tenis», o que a partir de la decanatura de derecho y la rectoría de Estuardo Gálvez en la Usac se hayan politizado estas elecciones, el sector privado ha sido corresponsable directo y en mucha mayor medida que los mencionados de los procesos de elecciones de magistrados, Contralor General de Cuentas y Fiscal General desde 1985, y la prensa «independiente» del país nunca ha señalado este extremo en forma clara.
Sin embargo el problema de fondo no es de personas o sectores sino de diseño constitucional, la Ley de Comisiones de Postulación aprobada en el 2010 tampoco puede limitar las negociaciones y cuotas que la misma Constitución otorga a los gremios, universidades y sobre todo a los poderes detrás de estas, pero si tuvo la virtud de transparentar en algo el proceso que permaneció en secreto hasta antes de 2010. La única salida posible a este sistema es una reforma constitucional que privilegie la carrera profesional en las instituciones del sector justicia y saque a las universidades y colegios profesionales de los procesos de selección, y ese debería ser al menos el mínimo que debería aprobarse este año.
