Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Reconocer que existe una crisis de gobernabilidad en el país es fácil, pues la falta de credibilidad en las instituciones es evidente. Pero encontrar el camino para salir de esa crisis y empezar a construir las bases de un verdadero Estado es más complicado.
Si aceptamos que el sistema constitucional de frenos y contrapesos, que debiera servir para mantener un equilibrio entre los tres poderes del Estado tiene grandes debilidades, debemos buscar modificarlo. En especial porque se ha comprobado que la justicia no tiene la independencia necesaria para poner límites a los funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo y estos con frecuencia han abusado de su mandato. Entonces es indispensable que las normas constitucionales relativas al Sistema Judicial se transformen y garanticen a los ciudadanos que existe un órgano capaz de hacer que se cumpla la ley.
En los últimos años se han planteado diversas iniciativas para una reforma constitucional, pero por falta de acuerdos y de voluntad política, las mismas se estancan y el resultado es que actualmente el sistema judicial muy débil y sus funcionarios están sujetos a la voluntad del poder político y los grupos de interés.
Existe hoy un proyecto de reformas constitucionales conocido como “Propuesta de Iniciativa 5179” que próximamente será discutido en el Congreso. Esta propuesta de reformas ha ocasionado distintas reacciones entre la población; algunos reconocen la necesidad de cambios, aunque existen sectores que abiertamente han manifestado el rechazo al proyecto. Otros que expresan su preocupación por que los cambios propuestos no cumplan con el objetivo que se busca, que es fortalecer el sistema judicial. Sin embargo, muchos guatemaltecos, abogados incluidos, permanecen indiferentes ante esta propuesta o evitan pronunciarse al respecto.
El lograr realizar una verdadera transformación del sistema judicial debiera ser una prioridad de los guatemaltecos que quieren uno mejor. Porque solamente donde existe un verdadero Estado de Derecho podrá haber libertad, desarrollo y seguridad. No es un secreto que las mafias y los grupos de interés se han apoderado de la justicia. La pregunta obligada es: ¿Queremos vivir bajo un régimen de legalidad, en donde las normas se respeten y se cumplan por todos los ciudadanos? ¿O preferimos estar gobernados por el crimen organizado?
Según el reconocido académico Francis Fukuyama, al estudiar el desarrollo de varias sociedades se ha comprobado que para lograr hacer una transición entre un sistema en que no existen instituciones fuertes, ni respeto por las leyes hacia un Estado de Derecho, es necesario que: 1) las normas estén codificadas o se plasmen por escrito en un texto que sea vinculante; 2) que el contenido de la norma haya sido determinado por especialistas en la ley y no por autoridades políticas; 3) que la ley esté protegida por un orden institucional separado de una jerarquía política, con sus propios recursos y poder de nominación; y finalmente, 4) que la ley refleje fielmente las normas y valores sociales vividos de la comunidad a la que se aplica, incluidas las élites gobernantes que presiden el sistema político.1
Es necesario que la propuesta de reforma tenga los elementos que arriba se señalan. Para esto los distintos sectores de la sociedad deben lograr acuerdos mínimos sobre la temática, apoyar la reforma y exigir al Congreso que se aprueben las modificaciones al texto constitucional.
1 Fukuyama, Francis. “Transition to the Rule of Law”. In Journal of Democracy, Volumne 21, Number 1, January 2010, (Article pp. 33-44). Published by Johns Hopkings University Press. DOI: https://doi.org/10.1353/jod.0.0145
