Factor Méndez Doninelli
El presidente Jimmy Morales y el ministro de la Defensa Nacional, Williams Mansilla anunciaron que durante 2017 y en forma gradual, serán retirados de las tareas de seguridad ciudadana los 4,200 militares que junto a contingentes de la Policía Nacional Civil PNC, patrullan las calles en prevención de hechos delictivos y acciones del crimen organizado. La polémica decisión de que los militares se ocuparan de la seguridad pública, provocó el rechazo de organizaciones de derechos humanos y en su oportunidad, el Procurador de Derechos Humanos señaló la militarización de la seguridad ciudadana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH/OEA, recomendó retirar al Ejército de las calles, según el informe 2015, “Situación de los derechos humanos en Guatemala: diversidad, desigualdad y exclusión.” (Doc. 43/15. 31 diciembre 2015.) Al analizar el tema, el informe de la CIDH señala:
“173. Una de las respuestas del Estado a la violencia y la inseguridad ha sido la creciente participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad interior. Según un miembro de una comunidad afectada:
En muchos de los casos, el Estado lejos de asegurar la vida de las comunidades, lo que ha hecho es asegurar la propiedad privada, invirtiendo en cantidad de elementos militares, de la PNC, imponiendo el terror de nuevo en las comunidades.”
“174. De acuerdo al Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, existe una militarización de la seguridad ciudadana porque la participación del Ejército en esta materia continúa siendo recurrente. Señala al respecto que en los últimos cuatro años el Ministerio de la Defensa ha incrementado sus reservas para seguridad ciudadana, así como su presupuesto específico para apoyar en dicho tema, mientras que la PNC ha mantenido su mismo presupuesto, aun cuando ha incrementado su número de personal. Afirma que la intervención militar en seguridad ciudadana no ha dado resultados positivos porque la violencia y criminalidad no han disminuido significativamente en el país. Asimismo, indica que la presencia permanente del Ejército en temas de seguridad ciudadana contraviene los Acuerdos de Paz, porque ésta es competencia exclusiva de las fuerzas civiles policiales y dificulta el fortalecimiento del poder civil.”
“175. La militarización de la seguridad interna continúa siendo una constante en Guatemala, donde personal militar participaría frecuentemente en tareas de seguridad ciudadana y en ocasiones se encontraría al mando de la PNC. En Guatemala es recurrente que efectivos militares asuman la seguridad interior aduciendo el incremento de hechos violentos o delictivos, inclusive el corte de caminos o la interposición de obstáculos en las rutas. La presencia del crimen organizado, especialmente en las zonas fronterizas, está también vinculada al aumento de la presencia militar y la realización por parte de militares de tareas de seguridad ciudadana. En audiencia pública realizada durante el 153º período ordinario de sesiones de la CIDH, organizaciones de la sociedad civil guatemaltecas alertaron respecto de los peligros que representa para el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos la creciente militarización de las funciones de seguridad ciudadana.”
La retirada del Ejército, es en cumplimiento de una de las 38 recomendaciones que la CIDH ha hecho al Estado guatemalteco para mejorar la imagen de país, deteriorada por las constantes violaciones a Derechos Humanos.
