Jorge Mario Andrino Grotewold
* @jmag2010
La reforma constitucional en materia de justicia sufrió un revés en las pasadas semanas. No significa que no será aprobada, simplemente evidencia que existe una fuerte resistencia a los cambios, especialmente aquellos de fondo que transforman la realidad del país y sus habitantes. Reformar la Constitución no es un asunto sencillo. Sus efectos deben ser razonablemente analizados y discutidos. Profundizar sobre elementos jurídicos, sociales y políticos es obligado. En resumen: requiere estrategia y perseverancia.
Desde el año 2000 se escuchan vientos de cambio en el tema. Al menos esa es la memoria de esta generación que recuerda procesos de reingeniería, proyectos de leyes y una conformación de comisiones políticas y jurídicas financiadas por la comunidad internacional. Un interés por temas olvidados como la población indígena, o el sistema de elección de magistrados; así como idear mecanismos que permitan alcanzar la tan ansiada justicia pronta y cumplida. El fortalecimiento institucional, la modificación de los sujetos electores y electos, la separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales, o bien la coyuntura de un aumento presupuestario, todo implica que la reforma a la justicia ha tenido un camino recorrido, sin mucho éxito alcanzado.
Los grandes índices de impunidad fueron señalados en su tiempo y aún siguen vigentes. Un asesino en libertad; una deuda sin posibilidad de cobro; un despido injusto sin respuesta; un padre/esposo irresponsable con su familia, y tantos ejemplos más. Nadie, en su sentido de lógica y sensatez, está conforme con la justicia guatemalteca en su estado actual. La conflictividad ha sobrepasado cualquier esfuerzo de buena fe de jueces y magistrados que intentan, en múltiples casos, alcanzar la justicia con su mejor esfuerzo. Y tantos otros, pícaros y corruptos, operadores de justicia, abogados(as) y clientes, que les interesa mantener un status quo simbolizando el desdén y la discordia.
Si la reforma constitucional no es la vía, debe discutirse la sostenibilidad de otras propuestas, tomando en cuenta que los operadores legislativos no han sido precisamente los mejores aliados de este o los procesos de cambio anteriores. La búsqueda de una reforma constitucional permitirá encontrar procesos irreversibles en gran parte, lo que implica que el esfuerzo por alcanzarla debe ser constante, estratégico e integral. Sin apasionamientos, pero con mucho corazón de sus interlocutores y sus críticos. El diálogo sí, pero con un sistema. Eso implica tiempo y forma. No es para siempre. Es ahora cuando se necesitan alcanzar acuerdos y empezar a ponerlos en práctica. El consenso es imposible en todo. La experiencia así lo demuestra.
La CICIG, el MP y la IPDH no deben cesar en su intento de mejora al sistema. Por la vía constitucional o cualquier otra. En este momento o cuando sea posible y necesario. Sin estrategia, o la adaptación de esta a los actores que se oponen y la critican, tendrán una dura tarea. No obstante, deben ser perseverantes. Guatemala lo demanda. Y seguramente, al momento de prevalecer, lo agradecerá.
