Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Esta mañana el diputado Marcos Yax no sólo informó que tiene ya 90 diputados listos para votar por la reactivación de la pena de muerte, sino que además adelantó que tiene ya preparada una iniciativa para reformar el Código Penal para que los niños que se dedican al sicariato puedan ser juzgados como adultos y que también a ellos se les aplique la llamada pena capital.
Obviamente es un problema serio el de la utilización de menores para cometer actos delictivos tan graves como el asesinato de personas inocentes que son, generalmente, víctimas de extorsión y se tiene que trabajar en el tema, pero un diputado está obligado a conocer la Constitución Política de la República de Guatemala y por lo tanto peca de enorme ignorancia quien, en ejercicio de la cacareada representación nacional, pretenda vía la modificación de una ley ordinaria, como el Código Penal, promover algo que está expresamente regulado en la Carta Magna.
El artículo 20 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que los menores que transgredan la ley son inimputables, agregando que su tratamiento debe orientarse a la educación integral propia para la niñez y la juventud. El mismo artículo establece que los menores cuya conducta viole la ley penal, serán atendidos por instituciones y personal especializado, sin que por ningún motivo puedan ser recluidos en centros penales o de detención destinados para adultos y que una ley específica ha de regular esa materia.
Si son inimputables, obviamente no pueden ser juzgados como adultos y, menos aún, puede aplicarse en su contra la pena de muerte, lo cual también atentaría contra los tratados internacionales que obligan a Guatemala. Si realmente queremos enfrentar el problema del sicariato encomendado a menores de edad por la vía penal, es indispensable que primero se haga una reforma a la Constitución Política de la República que, en este caso, debiera hacer una Constituyente.
El problema de nuestra juventud y aún de la niñez que se involucra en actividades ilegales no estaba en el radar de los constituyentes cuando redactaron la Constitución vigente porque es un tema que ha ido convirtiéndose en gravísimo problema en las décadas posteriores a la promulgación de nuestra Ley Fundamental. Pero en todo caso lo importante es entender que Guatemala es un país que carece por completo de políticas sociales que se orienten a la protección de la niñez y la juventud para evitar que busquen refugio a sus carencias, materiales y espirituales, en la pandillas donde van encontrando cobijo con cada vez mayor amplitud.
Yo siempre he pensado que si la pena de muerte fuera la solución a nuestros males, Guatemala sería un paraíso porque aquí llevamos matando a los que son o parecen delincuentes de manera expedita mediante el recurso de la mal llamada limpieza social. Nuestra condición es crítica porque somos un país sin respeto a la ley y con altos índices de impunidad, pero especialmente porque hay una especie de consigna en el sistema de desentenderse de los programas sociales efectivos y únicamente considerar los que dejan residuos en la olla para que se sigan hartando los que llegan al ejercicio de las funciones públicas.
