Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Parte del concepto de la cooptación del Estado que, insisto, no empezó con el Partido Patriota sino viene de muy atrás, es que el aparato estatal otorgue beneficios y exoneraciones a grupos privilegiados, haciendo descansar el peso de la carga tributaria básicamente en la clase media y los medianos negocios y empresas. Acabamos de ver cómo, en medio de las cacareadas necesidades de recursos para atender necesidades urgentes de salud y educación, el gobierno impulsa ante el Congreso y éste aprueba sin chistar, una ley que supuestamente es de inversión y empleo, pero que en realidad es de exoneraciones de impuestos y en ese momento nadie repara en la debilidad del ingreso fiscal.
Llegado el momento de tener que rellenar los agujeros fiscales existentes, el mismo sector que controla las finanzas públicas en este gobierno, es decir los exportadores y maquileros, plantea un proyecto de reforma tributaria que únicamente se ceba en la clase media del país castigándola con impuestos como el de los combustibles y el aumento al de la renta que elevará el pago a los empleados con relación de dependencia y a las empresas de tamaño mediano y pequeño.
La matriz sigue intacta porque aquí el peso de la contribución sigue repartiéndose entre los mismos de siempre sin pensar, ni por asomo, en un cambio profundo en el manejo del gasto público para acabar con la corrupción, el derroche y el despilfarro. Señalar verdades como ésta produce enojo en las más altas autoridades que se molestan ante señalamientos críticos respecto a su falta de compromiso para cambiar la realidad y, peor aún, sobre su ostentoso comportamiento que les lleva, literalmente, a saltar del petate al Cadillac y de la modesta vivienda suburbana a una ostentosa mansión pagado todo con el producto de esos impuestos que hoy nos presentan como insuficientes.
En Guatemala han cambiado los rostros pero no las actitudes. Los funcionarios siguen cobrando el chantaje a los sindicalistas y ahora les piden que se movilicen para apoyar la reforma tributaria que permitirá pagarles sus exorbitantes pactos colectivos, estirando por enésima vez la misma chamarra que tapa a todos. Aquí no hay voluntad de combatir la corrupción más allá de los casos paradigmáticos del gobierno del Partido Patriota, lo que afianza la tesis de algunos en el sentido de que la persecución no es contra los corruptos sino simplemente contra algunos de los corruptos. No hay la menor voluntad de establecer mecanismos de control para asegurar la calidad del gasto y terminar con los negocios turbios que enriquecen a los contratistas, concesionarios y proveedores del Estado que han sido parte del esquema de cooptación desde 1986 hasta nuestros días.
Si nos detenemos a ver quiénes pagarán más con la nueva tabla de impuestos y lo comparamos con quiénes pagan menos gracias a la patraña de inversión y empleo, por ejemplo, nos daremos cuenta que en nuestra Guatemala los que ponen el lomo siguen siendo los mismos y que no hay interés alguno en modificar la matriz del sistema político nacional porque así como está, les funciona muy bien a poderosos intereses.
