Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El argumento fundamental que usa el interventor de Terminal de Contenedores Quetzal para “negociar” es que Guatemala no tiene posibilidades de recuperar nada mediante la extinción de dominio porque los bienes de la entidad están en un fideicomiso a favor de las entidades financieras que prestaron dinero y que tienen prioridad frente a cualquier reclamo que pudiera producirse de donde resulta que los bienes, incluyendo grúas e instalaciones que están en el terreno dado en usufructo, están fuera del ámbito de la extinción de dominio.
Efectivamente, un fideicomiso tiene efecto frente a terceros desde que se constituye y se anota en el Registro de la Propiedad, pero eso se refiere a un fideicomiso constituido con bienes lícitos y no con bienes de una empresa beneficiada por un acto ilegal, como fue el contrato de usufructo otorgado por la Empresa Portuaria Quetzal mediante el pago de un soborno directamente pagado al Presidente de la República. Y por ello TODOS los bienes de TCQ, adquiridos con capital propio o financiado, deben ser extinguidos.
De lo contrario, si el fideicomiso sirve como escudo al corrupto, todos los que tienen riqueza mal habida y temen que les pueda caer la CICIG, lo que tienen que hacer ahora es constituir fideicomisos para dejarlos fuera de la posibilidad de extinción de dominio. Eso, por supuesto, es un absurdo que no tiene el menor sustento legal porque la señora Baldetti no salvaría sus bienes si los hubiera fideicometido ni el señor Pérez Molina podría escudar en esa figura jurídica helicópteros, fincas, apartamentos y demás propiedades que adquirió supuestamente como resultado de la corrupción.
El negocio de Puerto Quetzal es tan jugoso que la empresa APM Terminals ha dicho que está dispuesta a pagar más de 40 millones de dólares como “compensación” al Estado de Guatemala, además de los treinta puestos por Terminal de Contenedores de Barcelona, la empresa de Pérez Maura que hizo el negocio. O sea que entre coima y multa, estarían pagando algo más de setenta millones de dólares, alrededor de 560 millones de quetzales, lo que indica que las ganancias en la operación tienen que ser jugosas.
Los prestamistas y ahora fideicomisarios de la inversión que se hizo en Terminal de Contenedores Quetzal tenían obligación de, como dice el anuncio de la Superintendencia de Bancos sobre el lavado de dinero, “conocer a sus clientes” porque una somera investigación hubiera permitido establecer que el negocio se hizo utilizando una figura jurídica que no aplicaba, como es el usufructo. Hay evidencia concreta y abrumadora de que al menos al Banco Mundial, Acción Ciudadana le hizo ver lo podrido del negocio a tiempo, antes de que su financiera se convirtiera en socia de Pérez Maura, el pícaro español que entregó el dinero a Pérez Molina, y aún así la pomposa entidad financiera mundial se metió a la jugada sin mostrar ni preocupación ni mucho menos asco por la corrupción. La deuda no la tiene que pagar el Estado, sino el mañoso de Pérez Maura o quienes le compraron sin averiguar.
Creo que un abogado como el interventor sabe que la protección frente a terceros existente en el fideicomiso no aplica a bienes habidos ilegalmente o producto de corrupción o lavado de dinero. Es interventor nombrado por el juzgado de extinción de dominio y dice que ese procedimiento no cabe. Entonces, por dignidad y decencia, debió renunciar a ser interventor.
