De manera más sutil que lo que se planteó en un principio, lo que sucede con la Terminal de Contenedores Quetzal, no es más que la burda y barata salida que en un principio dejaron claro los actores “pro inversión” a quienes les termina valiendo nada el tema de corrupción.
Y es que un interventor vino a ser el mejor operador de quienes compraron el corrupto negocio, APM Terminals, e hizo la “propuesta” a una empresa que, le guste o no, fue el tonto en el ejemplo que compró el carro robado. Eso sí, Alexander Aizenstadt es el responsable de hacer todo lo posible por reactivar el sucio negocio tal y como había anunciado el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada.
Es normal que venga ahora la señora Susanne Marston, Vicepresidenta de APM, a decir que no están de acuerdo con el plazo, entre otras cosas. APM Terminals ha dicho que son un tercero de buena fe, pero a la vez mantienen recursos que impiden declarar la nulidad del proceso. Sin embargo, están aprovechando la urgente necesidad del interventor de salir en medios y por ello en la empresa han esperado sentados y cómodos mientras su interventor… perdón, el interventor de TCQ, les hace el trabajo de “diseñar” la propuesta ad hoc, ese plan maestro con el que desde el primer día conviene saldar el problema.
Puede que en este caso el inversionista quiera hacer las cosas bien, pero no es necesario cuando Aizenstadt hace lo del dicho aquel: “el que mucho se agacha…”. La verdad, es que en cualquier país del mundo a la señora Marston se le caería la cara de vergüenza de salir en los medios justificando que, por incapaces o por cómplices, terminaron comprando un negocio que fue originado en un soborno de 30 millones de dólares.
Pero como en Guatemala al hablar de la vergüenza muchos corren a buscar un diccionario y hasta los medios inflan las mediocres propuestas, ¿qué pena puede sentir alguien que ve que aquí no es como en Europa y la corrupción se apaña?
Eso sí, cuándo tenemos que hablar de indicadores de pobreza, de niños que se mueren de hambre y de hospitales vacíos, les da pena a los promotores del país porque mencionar esos temas “aleja la inversión”. Lo que es incomprensible es cómo perdonar a los corruptos y entregarse como Estado es “respetar al inversionista” aunque sea pícaro. La modernización o un puerto no pueden ser justificación para la corrupción ni el delito. APM compró un proyecto basado en la corrupción, pero gracias al interventor van camino de “sanearlo”.
