Prácticamente desde el principio de la administración gubernamental, las coordinaciones entre el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la PNC han permitido que se obtengan resultados positivos en la lucha contra la delincuencia que, reflejada principalmente en los delitos contra la vida y en las extorsiones, afectan a la ciudadanía.
Parte de este resultado es que los casos no se manejan de manera reactiva sino que se ha ejercido un sustento investigativo que genera el respaldo para poder proceder contra estructuras más allá que simplemente contra individuos operativos.
Ha sido tal el efecto de dicho trabajo que prácticamente se ha vuelto común para los medios de comunicación recibir los reportes frecuentes de grupos completos, con organigrama y demás, que han sido identificados y contra los que se ha procedido a realizar las capturas.
Si a eso sumamos operativos como los dos grandes que han realizado las autoridades, hay que aceptar que el trabajo coordinado y el respaldo de la investigación penal da resultado al enfrentar una tarea tan dura como esta.
El efecto de estos trabajos, ha traído una distinta problemática para las autoridades por un sistema penitenciario que nunca ha realizado la reforma necesaria para poder ser, en efecto, una institución que cumpla eficientemente con el período de prisión preventivo y con el cumplimiento de penas como corresponde.
Lo que terminamos teniendo son centros que sin clasificación de reos, sin programas para rehabilitación o con medidas de reclusión especial para reos de alta peligrosidad, no cumplen con las garantías mínimas para los reos y, menos aún, para una sociedad que termina siendo víctima de ese desorden que se refleja en la planificación y coordinación de delitos que siguen afectando a la ciudadanía.
De igual manera, para el Ministerio de Gobernación debe ser otra prioridad una reforma de la Policía real y una campaña de política preventiva eficiente que permita que todo el esfuerzo que se está llevando a cabo de manera tan satisfactoria, tenga un soporte institucional para largo plazo.
Pero ante esta tarea tan dura, volvemos a reconocer el trabajo que una cúpula de la PNC, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público están realizando para reducir, poco a poco, pero de manera sostenida, una tendencia criminal a la que tristemente muchos guatemaltecos ya se habían acostumbrado.
Hace unos años, igual se identificaban estructuras, pero se les ejecutaba en la mal llamada “limpieza social” y la coordinación era para que no se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes. Hoy, nuevamente, la justicia nos demuestra que al utilizarla, se fortalece al Estado y se beneficia al ciudadano.
