Es una realidad que el país necesita mejorar sus instalaciones portuarias para el manejo de contenedores a efecto de facilitar el comercio exterior y a partir de esa realidad el gobierno de Otto Pérez Molina dispuso armar el negocio de la Terminal de Contenedores Quetzal negociando con millonarios españoles de Terminal de Contenedores de Barcelona para concretar la operación que tuvo punto de partida en un soborno de treinta millones de dólares y que, para obviar la obligación de cumplir con todos los requisitos para otorgar una concesión, se disfrazó de usufructo.
Nadie cuestiona la necesidad de las instalaciones portuarias modernas, pero se tiene que decir que la corrupción comprometió un proyecto de interés nacional y por lo tanto cualquier paso posterior tiene que tomar en cuenta ese factor que no se puede obviar. Los pícaros españoles que sobornaron a nuestras autoridades vendieron luego sus derechos a la empresa holandesa APM que es ahora titular de los mismos y está realizando gestiones para hacerse cargo de la operación de las instalaciones. En realidad y apego a derecho, APM tiene que enderezar todas sus acciones en contra de los vendedores que le ocultaron que habían sobornado a las autoridades guatemaltecas, comprometiendo la operación por vicio de origen.
Pero nuestras autoridades, con el mismo argumento de Otto Pérez Molina sobre la necesidad de modernizar el puerto Quetzal, están a punto de entrar en un pésimo arreglo con APM que se está armando bien para terminar con ventajas en cualquier circunstancia en perjuicio de los intereses nacionales. APM ofrece devolver el dinero del soborno, lo cual tendría que hacer Pérez Molina y no APM, y a cambio de ese pago que no tiene ningún fundamento legal y huele a nuevo soborno, iniciar operaciones con la condición de que cuando se saque a licitación la concesión portuaria, si no ganan, se les tendrá que resarcir por todo lo invertido.
La buena fe de APM debe presumirse aunque hubiera bastado una búsqueda mediante Google para saber el terreno arenoso en el que estaba cimentada la operación en Guatemala, pero eso no le otorga derechos más que para demandar a TCB, a la familia Pérez Maura, pero no a nuestro país que, como ellos, fue víctima de una acción delictiva y criminal de los empresarios españoles, apañada de manera descarada y cínica por el embajador de España en Guatemala en ese momento, lo que compromete al menos moralmente al gobierno español en el sucio negocio.
Si cedemos ahora en este caso, habremos de ceder en todos los otros casos de corrupción en los que los sindicados apelarán a su “buena fe” cuando hicieron los negocios.
