Ricardo Zetina Góngora
Asprodeco
buzonasprodecogt@gmail.com

Constantemente estamos viendo en las noticias, redes sociales y en los medios, que siguen apareciendo personas involucradas en actos de corrupción, estos son capturados, escuchados en audiencias, se presentan los medios de pruebas, escuchas telefónicas, correos electrónicos, transferencias bancarias, etc, los tribunales están atestados de juicios entrampados por el famoso “debido proceso”, el cual considero que está bien, toda persona es inocente hasta que no se compruebe lo contrario, aunque esto lleve años, al final, para esto están los tribunales.

Sin embargo lo que me motivó a escribir en esta oportunidad no son las capturas, mi inquietud y asombro es precisamente quién defiende a quién, siempre aparecen los mismos abogados ¿No hay más abogados penalistas capaces de asumir una responsabilidad como esta?, que alguien me explique. Sin temor a equivocarme, la respuesta de muchos abogados, será, “no le entro porque para ganar un caso como este, se necesita de un buen tráfico de influencias”, cuello, como se dice, difícilmente se puede ganar por la vía legal.

Asumiendo que así sea, entonces viene otra inquietud, si estos penalistas tienen un proceso penal abierto en su contra, han sido acusados de tráfico de influencias y en el cual ya se le ha dictado arresto domiciliar, ¿Pueden estos ejercer la profesión?, porque sin duda eso no le importa al MP, Organismo Judicial y tampoco al Colegio de Abogados de Guatemala pues han permitido que estos intervengan como defensores en los casos que actualmente se están llevando a cabo.

Si existe una figura legal que les permite ejercer, entonces ¿A qué estamos jugando?, esto será un círculo vicioso del que nunca podremos salir y estaremos oyendo por el resto de la vida, juicios eternos que le cuestan al estado miles y miles de quetzales, sin poder llegar a una sentencia que sirva de precedente para limpiar la baja credibilidad de la justicia en Guatemala y los ciudadanos seguiremos atentos a este teatro donde salen a escena los mismos personajes, que solo buscan protagonismo y figura mediática.

No me cabe la menor duda que estos abogados defensores han sido contratados porque aún continúa el tráfico de influencias y esto no acabará mientras no exista una objetividad sobre la elección de los profesionales, conociendo la idoneidad en su actuar, honestidad, ética profesional y sobre todo tener la certeza que sus argumentos de defensa van enfocadas sobre fundamentos legales sin afectar su independencia profesional.
Quiero concluir diciendo que es oportuno analizar como una reforma al sistema de justicia, poder establecer que ningún abogado debería intervenir como defensor, si él mismo necesita ser defendido en los mismos casos, que tan imparcial puede ser un juicio si estos han estado involucrados en actos de corrupción y tráfico de influencias, como diría el chapulín colorado, ¿Y ahora quién podrá defendernos?

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