María José Cabrera Cifuentes
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Hace algunas semanas el Congreso de la República de Guatemala remitió al Organismo Ejecutivo el decreto 026-2016 en el que se exponen las reformas consensuadas y avaladas por la Corte de Constitucionalidad en materia de la Ley Electoral y de Partidos Políticos para que este último las vete o sancione en no más de 15 días, plazo que está por vencer el próximo día jueves 26 de mayo.
Las reformas mencionadas fueron sin lugar a dudas uno de los principales motivos del clamor popular de «la plaza» durante el año 2015, en el cual la política guatemalteca fue convulsa y la necesidad de una reforma profunda del Estado, presente desde hace muchos años, se evidenció quizá más que nunca.
Lo cierto, es que las reformas discutidas por el Congreso, distan mucho de ser aquellas que serían las necesarias para una verdadera reestructuración y refundación del sistema electoral y de partidos políticos en Guatemala, tan indispensable para ir poco a poco cambiando el rumbo que por inercia llevamos y que no ha hecho más que acercarnos a un precipicio inevitable.
Políticamente, al presidente Jimmy Morales no le conviene vetar la ley, ya que los mismos individuos y organizaciones que en un inicio rasgaron sus vestiduras exponiendo que los cambios que proponía el Congreso eran accesorios y superficiales, son las mismas que el día de hoy lideran una corriente antiveto que se ha expandido por la población convenciéndoles que la sanción es el camino a tomar.
Sin lugar a dudas, vetar la ley podría implicar que los mínimos avances que se podrían lograr queden sin efecto, en dado caso se consiga el favor de los parlamentarios, y retrasar la posibilidad del inicio de una nueva etapa de reformas, compromiso que el mandatario Morales deberá asumir y liderar junto a la academia y organizaciones de diversa índole.
Dentro de las reformas que aún quedan por abordar quizá la más importante es la readecuación del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral durante los años no electorales, pues las nuevas atribuciones y las disposiciones como el voto en el extranjero requerirían indudablemente de un fortalecimiento de esta instancia, pues el permanecer con los recursos que la Ley le asigna hasta el día de hoy impediría que se cumplieran incluso las modificaciones mediocres actuales.
Además de lo anterior faltaría la creación de mecanismos de democratización interna de los partidos políticos, la discusión de la implementación de listados semiabiertos para la elección de diputados al Congreso de la República, la alternabilidad en los periodos para la reelección de diputados, entre otros que se han mencionado. En el caso de las cuotas y la paridad en el Congreso, enfática y reiteradamente me he pronunciado en contra, sin embargo sigue siendo una de las principales demandas de los actores de la sociedad civil.
Como población no nos queda más que involucrarnos y seguir de cerca el proceso. Debemos ser conscientes que las reformas que nos presentaron son insuficientes y que no debemos conformarnos con ellas. Para un verdadero cambio se necesitan reformas profundas, y las que actualmente están siendo objeto de discordia, están lejos, muy lejos de serlo.
