Francisco Cáceres Barrios
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Le doy toda la razón a nuestra Fiscal General doña Thelma Aldana cuando al agradecer el reconocimiento de “Personaje Distinguido”, que en un acto cívico recientemente celebrado en el Ministerio de Educación dijo: “Si tenemos amor por la patria, amor por la familia, debemos respetar la función que se nos delega para servir y no para servirnos”. Porque si a lo anterior le agregamos que la transparencia hubiera sido la orientación de la mayoría de servidores públicos, al menos en los tres últimos decenios, a estas alturas no anduviéramos pensando en aumentar impuestos. Por ello insisto en decir, que antes de hacerlo debiéramos reducir el tamaño y el costo del Estado, por estar plagado de amoralidad, derroches, gastos superfluos e innecesarios.
A cada paso encontramos en nuestro país violación a los principios y valores. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el Tribunal Supremo Electoral teniendo la responsabilidad de cumplir con la Constitución, leyes y disposiciones que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos inste a que se aprueben las reformas que se le hicieron a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aun reconociendo que se dejaron asuntos pendientes por cumplir, entre otros, la democracia interna dentro de ellos, los mecanismos para que nadie se quede afuera del sistema electoral, la revisión de los distritos y el transitar hacia mejores opciones en la efectiva emisión del voto?
¿A qué niveles de cinismo y desfachatez llegamos cuando el Presidente del Congreso aun sabiendo de las actitudes antiéticas imperantes en ese organismo y de reconocer su corrupción, manifieste que no hay necesidad de hacerle grandes cambios, como exprese su conformidad con el actual sistema político y así todavía lo defienda? Adonde hemos llegado estimado lector, que al destapar sus finanzas se determina el haber pagado de más Q16 millones 379 mil por malos cálculos en las remuneraciones de sus empleados y a estas alturas no se haya ordenado el inmediato reintegro, como que no se haya metido a la cárcel a los responsables.
Como dijimos antes, a cada paso aparecen compras y adquisiciones de toda clase de artículos, como la de los radares que hizo el gobierno de Pérez Molina por Q279 millones a otra compañía española, lo que ameritó hacer otra denuncia penal porque tan importantes y vitales sistemas no están siendo útiles para los fines que fueron adquiridos. Pese a lo anterior, seguimos teniendo políticos que se alteran ante la posibilidad que se les elimine el privilegio de antejuicio del que disfrutan, cuando está visto y demostrado que el actual sistema que rige nuestra democracia amerita un cambio radical, pronto y eficaz.
