Francisco Cáceres Barrios
fracaceres@lahora.com.gt
Me pareció un ejemplar método para llamar la atención de las autoridades y de la población del país la campaña que la semana pasada inició la organización juvenil llamada “Jóvenes contra la violencia”. Es por ello que con el afán de contribuir a su esfuerzo aunque sea en mínima parte, mi columna de hoy la empleo para apoyarlos en sus honestas como desinteresadas pretensiones para esclarecer y hacer desaparecer lo más pronto posible la interrogante ¿quién llega primero, un repartidor de comida rápida o un policía en el caso de llamarlos con urgencia?
Tristemente usted amable lector y todos los guatemaltecos bien sabemos por experiencia la respuesta acertada, por lo que vale la pena explicarles que la organización juvenil dejó estacionado un vehículo durante 8 horas en una concurrida calle y como era natural, por las condiciones en que vivimos, le rompieron los vidrios y le robaron el radio. Acto seguido se llamó tres veces a la Policía Nacional pidiéndole auxilio y simultáneamente una vez a tres cadenas de comida rápida (pizza, hamburguesa y pollo).
Los de la pizza y la hamburguesa tardaron 35 minutos, los del pollo 40 y los de la policía a los 57 minutos de reportado el hecho. Aunque para muchos resultó extraordinaria la llegada de la patrulla policial, el experimento dejó como evidencia que los guatemaltecos estamos literalmente en las cuatro esquinas ante la incapacidad de las autoridades para prevenir y cubrir hechos delictivos, al igual que la negligencia de los gobiernos anteriores, la corrupción, la falta de recursos y las condiciones laborales de los servidores públicos nos terminaron de amolar.
Como siempre he dicho, las cifras no mienten. En Guatemala solo contamos con 19 policías por cada 10 mil habitantes, mientras en Centroamérica el promedio es de 24 y de 34 en otros países, incluso con menores índices de delincuencia que el nuestro y mejor ni hablar de los pobres recursos financieros con que se cuentan, como de sus instalaciones, equipo y la bajísima calidad del entrenamiento y capacitación con que se les pone en las calles a cuidar de nuestros intereses.
Cuando comprobamos que la corrupción dejó sin recursos a las dependencias encargadas de velar por la seguridad ciudadana, lo que se derivó en que hoy en día nuestro país se encuentra entre los países más violentos de Latinoamérica con más de 170 delitos diarios, no le queda otra opción al presidente Morales que darle prioridad y la mejor atención a las dependencias encargadas de velar por la seguridad ciudadana para que cumplan con sus deberes a toda hora y durante los 365 días del año. ¿O no es verdad que más vale prevenir que lamentar?
