Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Guatemala es un país que supera cualquier esfuerzo surrealista, puesto que si bien ese movimiento literario y artístico busca trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo racional, se queda en esos ámbitos culturales, mientras que en nuestro caso lo llevamos no sólo a la vida diaria, sino que a la misma forma en que se gestiona la cosa pública. Ayer la Contraloría General de Cuentas informó que por un error de cálculo, el Congreso erogó 16 millones de quetzales de más en la nómina de pago de personal del Legislativo porque se calculó el incremento anual de diez por ciento sobre el sueldo de cada trabajador y no sobre el salario base que es lo que establece el de por sí insostenible pacto colectivo de condiciones de trabajo.
Yo no creo en ese tipo de errores y de acuerdo con el viejo consejo de que cuando se dan estas situaciones hay que pensar mal para acertar, sostengo que fue una decisión maliciosa. Resulta que el año pasado no fue el primero en el que se cometió el error, sino que el mismo se viene dando a lo largo del tiempo, lo que significa que las erogaciones amañadas alcanzan cifras estratosféricas. Con razón los sueldos de los conserjes llegaron a los niveles que tienen, si no hay ni control ni cuidado porque como el dinero, al fin y al cabo, es del pueblo, se puede hacer chinche.
Me llama la atención el papel de los trabajadores y especialmente de los dirigentes sindicales. Si el error hubiera sido para reducirles su beneficio aunque fuera en mínima parte, hubieran pegado el grito en el cielo y amenazado con paros y medidas de hecho el mismo día en que recibieron su cheque, porque de babosos no tienen un pelo. Por ello digo que aquí hay que pensar mal, puesto que ellos supieron del “error” y se callaron la boca para embolsarse tranquilamente a lo largo de muchos años cifras a las que no tenían derecho. Legalmente no puede hablarse de un derecho adquirido porque en este caso es obvio que hubo dolo o error, y ninguna de esas figuras puede constituirse en fuente de derechos.
Lo que esto demuestra, entre otras cosas, es la inmoralidad de esa dirigencia sindical que puntillosamente se cuida de que no vaya a producirse ningún menoscabo de los derechos pactados en la negociación colectiva, pero que se hizo babosa de forma olímpica cuando la administración legislativa, seguramente con instrucciones de algún pícaro directivo del Congreso, empezó a pagar los aumentos en forma anómala.
Aquí proceden acciones en diversos sentidos. Primero hay que deducir responsabilidad a directivos y funcionarios del Congreso que incurrieron en el “error”, pero también hay que actuar contra los titulares de la Contraloría de Cuentas que no repararon en tan abultado problema. Y los trabajadores que se callaron convenientemente cuando vieron que el cheque iba más gordo de lo que correspondía, no tendrán más remedio que devolver lo que devengaron sin derecho.
Ya tenemos que estar hartos de que nos ven la cara de mulas y que los vicios, que algunos llaman errores, deban ser pagados por el pueblo. Que cada quien asuma su responsabilidad y pague lo que le corresponde.
