Factor Méndez Doninelli

La Zona militar número 21, en Cobán, Alta Verapaz, fue durante el Conflicto Armado Interno una base contrainsurgente, en sus instalaciones se mantuvo cautivos en cárceles clandestinas a opositores políticos, sometidos a torturas, tratos crueles e inhumanos, para luego ser ejecutados y sus cuerpos enterrados en fosas comunes, localizadas en la misma base militar. En ese lugar, por una ironía de la vida, actualmente funcionan las instalaciones del denominado Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz –Creompaz–.

El terreno que ocupa Creompaz en la Zona militar número 21, tiene una historia negra, de terror y graves violaciones a los Derechos Humanos, es producto del despojo abusivo y violento que en 1968, el Ejército hizo en ese lugar. En ese año, los militares reprimieron y desalojaron a la población, conformada por cincuenta familias de los pueblos originarios, de la etnia Maya Q’eqchi’, descendientes de los pobladores originales que ancestralmente se asentaron y fundaron la comunidad de CHICOYOGUITO en el municipio de Cobán.

Dicho desalojo forzado se produjo debido a que el Ministerio de la Defensa Nacional decidió instalar, en ese sitio, la citada Zona militar. Para los pobladores, la expulsión y despojo de sus tierras tuvo secuelas inmediatas, tales como la pérdida de la vivienda y del acceso a la tierra para cultivar alimentos, condiciones que aumentaron la situación de pobreza de las familias agraviadas, víctimas del Conflicto Armado Interno. Luego de transcurridos cuarenta y ocho años desde el desalojo, los militares continúan usurpando la tierra arrebatada a los campesinos y los campesinos sobreviviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Amparados en los Acuerdos de Paz, las familias desalojadas de CHICOYOGUITO, han venido haciendo gestiones ante el Estado y Gobierno, para que conforme a derecho, obtengan resarcimiento por los abusos soportados y les sea devuelta la tierra que el Ejército les despojó, pero hasta ahora, todo ha sido inútil. Me constan las constantes visitas al Ministerio de Agricultura y los reiterados ofrecimientos que les han hecho los Ministros, diciendo que van a comprar otras fincas para entregarlas a las familias afectadas, pero hasta ahora, todas han sido puras mentiras.

Antecedentes inmediatos que recuerdo, en octubre 2012 la Secretaría Privada de la Presidencia, recibió un memorial de los representantes de las cincuenta familias, reclamando resarcimiento y devolución de las tierras. En ese mismo año, la marcha indígena, campesina y popular, exigió al Organismo Ejecutivo, cito: “Que por medio de un acuerdo gubernativo se devuelva las tierras que fueron usurpadas por el Ministerio de la Defensa para instalar zona militar No. 21 y se otorgue e inscriba, a favor de las familias de la comunidad Chicoyoguito del municipio de Cobán Alta Verapaz, las aproximadamente 20 caballerías que se encuentran ociosas y que no están siendo utilizadas por el Centro de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz Creompaz; que se compense a las familias por el desalojo que fueron objeto y por haber sido expulsadas de sus tierras.”

Hasta ahora, el Caso Creompaz-CHICOYOGUITO continúa sin resolverse y los agraviados siguen sobreviviendo esperando respuesta a sus demandas. ¿Cuándo llegará la Justicia para las familias de Chicoyoguito?

Por el pasado oscuro de la Zona militar, hoy están ligados a proceso penal altos exmandos militares, juzgados por crímenes de lesa humanidad e incumplimiento de deberes de humanidad.

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