Lucrecia de Palomo
Nos decimos República y exigimos democracia, pero seguimos pensándonos y actuando como señores feudales. Nuestros feudos se dividen en departamentos y éstos en municipios, cada uno con sus propios Señores y los alcaldes: los grandes señoritos. Aun cuando en ley todo está diseñado para la separación de poderes, por aquello de “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”, nada más falso. Se buscó la representación del pueblo en las instituciones del Estado, y se conformaron los Consejos de Desarrollo; lamentablemente lo dirige otro “Señorcito” (el gobernador), quien designado por el Señor Tatascán y sus grupos de poder, quedan como simples fantoches. Los cacicazgos siguen creciendo en todo el país, donde el enriquecimiento ilícito es obvio.
Educación no es la excepción de esa enmarañada búsqueda del poder local. Cada departamento tiene una Dirección Departamental, a cargo de un Director con su presupuesto y sus cotas de poder. Según la ley, la designación debe hacerse por medio de un debido proceso de oposición, de donde debiera elegirse a quien demuestra las mejores calidades y cualidades. Pero nada más falso en los últimos gobiernos. Generalmente el diputado del departamento –cacique territorial- elige al Director Departamental de Educación y así se convierte la dependencia en un botín político, asegurando su reelección.
Estas Direcciones se han convertido en un caos, donde quien sufre el mayor deterioro es la educación. Los nombramientos se hacen a dedo, no por capacidad o conocimiento. Imperan los intereses políticos y personales, por tanto las amistades llegan a ocupar cargos y las leyes de educación quedan sometidas a los criterios de personas que poco o casi nada saben de ellas. Y la educación quedó fuera de su interés constituyéndose en oficinas de trámites burocráticos caros.
El descuido en la educación ha dejado a miles de jóvenes sin oportunidad de continuar sus estudios de media, esto por falta de institutos públicos. Por ello empiezan a surgir los centros privados que cubren el 70% de esta educación cuyos estudiantes, en su mayoría, cursaron su primaria en centros públicos.
Ante lo que se considera el fracaso de la educación, las autoridades empezaron a despotricar contra lo privado y a decir que la mala calidad de conocimientos de los graduandos es su culpa. Las mediciones las hacen con unos exámenes estandarizados fuera de contexto, que no miden calidad, y de los resultados no hay un análisis riguroso para hacer los cambios necesarios. Con los resultados solo se benefician unas cuantas ONG que lucran con ello y algunos medios de comunicación que venden sus revistas con titulares de los “mejores y peores” colegios, sin conocer lo que es educación de calidad.
Agregando a lo anterior, los Directores Departamentales al tomar posesión se dan cuenta que el presupuesto que manejan tiene poco donde rascar y buscando, encontraron que los centros privados pueden ser una opción entre otras posibles. Se inicia una cacería a los establecimientos. Cada día son más las quejas y las presiones de las persecuciones que sufren. Los procedimientos no se dan conforme a la ley, sino conforme al criterio. Ahora su modalidad es llegar a los colegios, con todas las instituciones estatales departamentales posibles, a hacer “auditorias”, que por supuesto terminan en acciones poco transparentes o grandes “multas”.
La educación es el elemento básico y fundamental con que cuenta un país para su desarrollo. Ya fracasó la Reforma Educativa de este y los otros gobiernos; ahora están orillando a la educación privada a cerrar sus puertas a los jóvenes que el Mineduc desechó. ¿Qué pensará el nuevo Ministro sobre este tema? ¿Conocerá sus feudos? ¿Estará dispuesto a seguir sosteniendo al Poder Legislativo a costa de la educación? Es hora de hablar. Los centros deben presentar sus quejas sin miedo y abiertamente para construir la República.
