Rolando Palomo
En días recientes se dio a conocer el nombramiento del Licenciado (abogado) Rodolfo Ferber como Secretario Ejecutivo de la Comisión Portuaria Nacional (CPN), de quien “se espera que mejore el manejo de los puertos y su fiscalización; nombramiento que a decir del periodista, se toma por las autoridades tras la crisis de las Aduanas que volvieron a presentarse en forma de paros en los últimos días”.
Todo ello sería excelente para el país siempre y cuando la CPN fuera la Autoridad Portuaria Nacional, autoridad de la que Guatemala carece y en cuya inexistencia encontramos muchas de las causas del crónico rezago que sufre Guatemala en su comercio exterior.
La CPN, como toda Comisión, ocupa en el Organigrama del Estado una posición subordinada, algunas veces al Ministerio de Finanzas Públicas y otras veces al Ministerio de Comunicaciones.
El Ministerio de Finanzas, incapacitado por definición para administrar un puerto marítimo o a planificar la política del sector, figura en las Juntas Directivas de las empresas portuarias, porque en una época prehistórica, el Estado de Guatemala obtuvo deuda pública extranjera para financiar la construcción de esos grandes activos nacionales, inversión cuya fiscalización y administración quedó a su cargo.
Concluido el pago de la deuda pública y operando comercialmente los puertos, es, no solo innecesario sino que también contraproducente que el Ministerio de Finanzas continúe estando representado, e incluso presidiendo, un ente tan lejano de su naturaleza y fines.
Por su parte la CPN es eso: una Comisión, o sea un ente administrativo, creado para un fin temporal y específico, sin personalidad propia y, por lo tanto, su vida jurídica la tiene que efectuar por conducto de otros Ministerios del Estado, desde la contratación de personal (el mejor calificado en el país, en materia Marítimo Portuaria, por cierto) hasta compras de bienes y contrataciones de servicios, todo lo cual no le permite a la CPN cumplir nada más que funciones subsidiarias asesoras y gestoras, y estas, carentes de la fuerza transformadora necesaria para el desarrollo del sistema portuario guatemalteco.
Cosa distinta sería si por ejemplo, existiera una autoridad marítima, que se aplique, a planificar técnicamente el desarrollo del sector, implementar los manuales de operación existentes, la puesta en vigencia de los muchos (nueve o diez) convenios internacionales en la materia de los que Guatemala es Estado parte, pero ante todo, hacer de los puertos una eficiente unidad económica del país, actualmente estos se manejan como feudos autónomos si pertenecieran a dos países distintos, sin planificación ni coordinación de ellos con visión de Estado.
Coloquialmente se diría que cada quien tira por su lado: mientras Puerto Quetzal, utiliza equipo marca “A”, Santo Tomás de Castilla utiliza equipo marca “B”, por lo que la compra de repuestos, accesorios e implementos para los mismos, al fraccionarse, resultan no solo más costosos, sino que también obligan al mantenimiento de un inventario disperso y duplicado.
Fenómeno igual sucede con el personal, pues ambos puertos duplican incontables departamentos técnicos, poseen instalaciones duplicadas en la capital y en puertos, y planes de contingencias diferentes efectúan simulacros y ejercicios con resultados distintos.
De ahí que la competencia en nuestro sistema portuario nos venga, no de grandes y lejanas potencias económicas, sino de Honduras, cuyo Puerto Cortés es administrado desde Tegucigalpa, centralizadamente con los demás puertos del país, por medio de su Empresa Nacional Portuario y El Salvador, que desde su capital administra y planifica la actividad de sus puertos (incluso su competitividad y mercadeo), desde su Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), que a diferencia de la CPN, posee personalidad jurídica, patrimonio propio y administra, centralizadamente, puertos y aeropuertos de El Salvador. Nada más comparemos el desarrollo y evolución del aeropuerto Internacional de El Salvador monseñor Arnulfo Romero.
De manera, pues, que el licenciado Rodolfo Ferber, asumirá la Secretaría Ejecutiva de un ente que posee no solo el personal técnico más capacitado del país, sin contar con la capacidad ejecutiva y operativa que le permita, como dice la nota de su nombramiento para mejorar el manejo de los puertos y su fiscalización.
