Raúl Molina
Desde que Arzú, Portillo y Berger dejaron transitar el país desde el crimen organizado por el gobierno –terrorismo de Estado– al crimen delincuencial en manos privadas, la violencia ha condicionado la vida política, social y económica. La ciudadanía creyó que Álvaro Colom iba a enfrentar la violencia criminal “con inteligencia”; pero fracasó. Frustrada por la UNE, la población dejó que Otto Pérez se hiciera del gobierno con su promesa de “mano dura” contra la delincuencia. No lo hizo, aunque sí aplicó mano dura al movimiento social y mano libre para saquear al Estado. La espiral de la violencia se ha ampliado, con masas de jóvenes en su práctica cotidiana y niveles mayores de barbarie. En los últimos días, se ha agregado como forma de asesinar la colocación de bombas al interior de buses, que son detonadas a distancia, aún mediante celular. El efecto ha sido la generalización del temor entre los usuarios y la reacción esperada de pedir acciones punitivas contra los delincuentes, incluido el disparate de la “pena de muerte”.
¿Quién está detrás de esta ola de violencia? Varios articulistas expresan en sus análisis posibles conspiraciones y otros, poniendo atención a los grupos violentos, sugieren pugnas internas, extorsión y rechazo a la autoridad. Hay muchos argumentos para sugerir conspiración. Una táctica para controlar a la ciudadanía fue la violencia ejercida por grupos estatales; Ydígoras fue acusado de que su policía secreta ponía las bombas y después hubo “guerra sucia”. La CIA ha sido reconocida como el órgano estadounidense encargado de generar terror, particularmente fuera de su territorio, aunque hay analistas que sostienen que el atentado terrorista a las Torres Gemelas jamás hubiese sido factible sin colaboración de agentes secretos de ese país. En Guatemala hay grupos que pueden “beneficiarse” del incremento de la violencia: con los atentados se esconden otros problemas, como la incapacidad del gobierno y el colapso del sistema político. La lucha y los avances contra la corrupción y la impunidad pierden visibilidad y apoyo. Quienes favorecen la remilitarización del país, la pena de muerte y la ilícita “limpieza social”, usarán estos brotes de violencia para manipular la opinión de las capas medias. Algunos irán más lejos e insistirán en la criminalización de la juventud pobre, convirtiéndola ante la opinión pública en “masa desechable”. Es significativo que el Grupo 18, acusado de haber cometido uno de los ataques, haya aclarado que lo hicieron tres individuos por su cuenta. Desean evitar que el Estado se lance a una “guerra total” contra las y los marginados.
Los análisis deberán continuar y, con mayor razón, las investigaciones, para que los responsables de los hechos, tanto autores materiales como autores intelectuales, sean llevados a juicio. Mientras tanto, no debemos perder la cordura y caer en la trampa de aumentar más la violencia del Estado. Venzamos el miedo y derrotemos la violencia con solidaridad ciudadana. Cuando la agresión a una o un compatriota se sienta como agresión contra todas y todos, podremos sacar fuerzas de flaqueza para empezar a hacer valer nuestro derecho a la vida.
