Francisco Cáceres Barrios
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El sofisma más empleado para impedir la aplicación de la pena de muerte es la defensa de los derechos humanos pero, quienes así lo expresan, no citan de cuáles derechos hablan, si son los de las víctimas o los de los delincuentes que les cortaron la vida. Triste es recordar que fue Alfonso Portillo a quien no le tembló la mano para firmar el decreto que derogaba el indulto, como tampoco quedarse con dinero que no era suyo. Por ello no se aplica la pena de muerte. Desde entonces cientos, si no miles de veces nos ha tocado presenciar a las víctimas directas e indirectas de viles asesinatos cometidos en nuestro país, lamentándose de quienes viven para delinquir o viven de la delincuencia para seguir haciendo lo que les venga en gana.
¿Es que don Iván Velásquez, quien dirige la Comisión Internacional Contra la Impunidad, exageró cuando dijo que el índice de la impunidad en nuestro país anda alrededor del noventa y siete por ciento? ¿Sobre qué bases o pruebas fehacientes alguien podrá asegurar que no es disuasiva la aplicación de la pena de muerte en Guatemala? ¿Es que ya se nos olvidó que su aplicación sí fue disuasiva, cuando en los ochentas, a la ciudadanía le tocó vivir momentos de enorme angustia cuando dejábamos a nuestras familias en sus hogares a expensas de delincuentes que entraban a nuestros hogares a robar, violar y asesinar vilmente a sus víctimas? ¿Alguien podrá asegurar que nuestra sociedad es igual a aquellas en que se dice que la eliminación de la pena de muerte trajo grandes beneficios colectivos, éticos y morales?
Nadie con dos dedos de frente puede negar que la vida es derecho inviolable de todo ser humano. Que los derechos de una familia también son valores éticos fundamentales, pues pertenecen a la esencia de su misma condición. Por esa razón y no por otra, se consignó en su momento la legalidad de la pena de muerte en nuestras leyes y especialmente reconocida en nuestra Constitución, bajo el entendido que siempre deberá cumplirse el proceso apegado al derecho, lo que incluye el agotamiento de todos los recursos legales que quepan. No, nos llamemos al engaño, el combate a la impunidad en nuestro país recae en la población, por la indiferencia de las autoridades y de los jueces. Bien decía el filósofo Fernando Sabater en una recordada entrevista: “En el mundo no hay nada más que los pueblos y lo que no hacen ellos no lo hace nadie. Por eso es necesario defenderse y se debe luchar. No se tiene que esperar a que otros te saquen las castañas del fuego”.
