Roberto Lavalle
El presidente de Ecuador, y otros colegas suyos, desean que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) reemplace a la OEA.
La realización de tal reemplazo requiere que la OEA deje de existir, es decir que sea disuelta. De lo contrario no habría reemplazo de la OEA por la CELAC, sino coexistencia de las dos entidades.
Parece ser que para disolver la OEA debería utilizarse el método que, en 1946, sirvió para disolver a la Sociedad de Naciones (SDN), que quedó disuelta por resolución de su Asamblea, compuesta de todos los miembros de la entidad. Esta resolución fue adoptada con el voto favorable de todos los Estados en ese entonces miembros de la SDN que estuvieron presentes en la reunión en que se adoptó la resolución.
Dicha Asamblea también acordó que, exclusivamente para los fines de su liquidación, la SDN seguiría existiendo hasta que se terminara esa liquidación, encomendada a un comité ad hoc, que trabajó por más de un año.
Se pudieran, talvez, idear modos de disolver a la OEA distintos del método empleado en el caso de la SDN. Pero creo que el modo más racional y jurídicamente correcto para lograr ese fin debe ser, básicamente, el que se utilizó para disolver a la SDN.
Pero ello plantearía, muy probablemente, un problema muy serio. Para que fuera válida la resolución correspondiente de la Asamblea General de la OEA haría falta, a mi juicio, que la misma recibiera el voto favorable de todos los actuales miembros de la OEA, o talvez por lo menos de todos los miembros fundadores de la OEA, que estuvieran presentes y votaran en la reunión de la Asamblea General en que se adoptara esa resolución. Ahora bien es muy probable que Estados Unidos y/o algún otro miembro fundador, digamos, por ejemplo, Chile, esté presente en la reunión en cuestión pero vote en contra de la resolución, adoptándose la misma, por consiguiente, por mayoría de votos. En tal caso pudiera ocurrir que los Estados que votaron a favor de la resolución, y/o otros Estados miembros de la OEA, pretendieran que la misma es, no obstante, válida, pero que los Estados que votaron en contra de la resolución, y/o otros Estados miembros de la OEA, tomasen la posición contraria. Ocurriría así que para algunos de sus Estados miembros la OEA habría muerto, pero que para otros la entidad seguiría existiendo. Se generaría así una crisis sin precedente y sumamente grave, la cual sería particularmente inquietante por encontrarse la mayor parte de los sumamente valiosos haberes de la OEA en Estados Unidos, que bien pudiera tomar la posición de que la OEA sigue viva.
Pienso que el deseo de evitar tal crisis llevaría a bastantes miembros de la OEA a no votar en favor de una resolución de disolución de la entidad. Además a algunos de ellos no les agradaría la perspectiva de ofender a Estados Unidos, así como de perder los beneficios que les traen las actividades de asistencia de la OEA. En especial a Guatemala no creo que le agradaría quedar mal con Estados Unidos y asistir al cierre de la oficina de la OEA que presta asistencia a Guatemala y Belice en relación con la línea de adyacencia entre los dos países.
