Bernardo Arévalo deja en manos del Congreso propuesta de reformas al MP y salida de Porras

Este lunes 6 de mayo, el presidente, Bernardo Arévalo, presentó una iniciativa de ley al Congreso de la República, con la cual busca reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) para que el mandatario de turno pueda destituir al jefe de dicha institución. Con esta acción se abriría el camino para la remoción de María Consuelo Porras como titular del ente investigador.

Por medio de una cadena nacional, Arévalo anunció que este lunes presentaría dicha iniciativa en el Organismo Legislativo, tras señalar de forma directa a Porras como una funcionaria que habría beneficiado la corrupción en el país y que se ha encargado de perseguir a quien se muestre contrario a su ofensiva.

Porras fue sancionada por 42 países, bajo señalamientos de supuestamente ser un personaje corrupto y antidemocrático. La última acción que puso los ojos internacionales sobre la funcionaria fue el intento de golpe de Estado que se fraguó desde el MP para impedir que Arévalo y la vicepresidenta, Karin Herrera, tomaran posesión por medio de la judicialización del proceso electoral 2023.

BUSCA REMOCIÓN DE PORRAS

La última reforma del artículo 14 de la Ley Orgánica del MP ocurrió en 2016, y se estableció que el Fiscal General puede ser removido por el Presidente de la República toda vez que exista una sentencia condenatoria en contra del jefe de la Fiscalía. De esa cuenta, la normativa vigente impide a Arévalo destituir a Porras.

En ese sentido, en la cadena nacional dirigida por el mandatario, se indicó que ese sería el centro de la modificación a la ley del MP que se presentaría ante el Congreso.

El mandatario subrayó que la reforma busca «restablecer los parámetros de la institución como fueron establecidos en la constitución, además de preservar su autonomía y asegurar un mecanismo efectivo de rendición de cuentas».

Antes de que iniciara la cadena nacional y que anunciara la iniciativa, el MP publicó en sus redes sociales sobre lo presentado de una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, ante la «amenaza real, cierta e inminente» que, según ellos, representarían las acciones del presidente.

EN MANOS DEL CONGRESO

Arévalo salió en una caminata desde el Palacio Nacional de la Cultura con rumbo al Palacio Legislativo, acompañado de Herrera y miembros de su Gabinete de Gobierno, así como con líderes indígenas. A su paso, ciudadanos le manifestaron su apoyo y se sumaron a presentar la iniciativa de ley.

De izquierda a derecha: El ministro de la defensa, Henry Sáenz; el presidente, Bernardo Arévalo; la vicepresidenta, Karin Herrera y el ministro de gobernación, Francisco Jiménez. Foto: La Hora / Fabricio Alonzo.
De izquierda a derecha: El ministro de la defensa, Henry Sáenz; el presidente, Bernardo Arévalo; la vicepresidenta, Karin Herrera y el ministro de gobernación, Francisco Jiménez. Foto: La Hora / Fabricio Alonzo.

«Esta iniciativa de ley abrirá el camino para que la fiscal general rinda cuentas al pueblo de Guatemala en el marco de la ley», dijo Arévalo en rueda de prensa en el Congreso acompañado de integrantes del suspendido partido Movimiento Semilla, que le dio la victoria.

Arévalo envió un mensaje a los 160 diputados que conforman el Congreso y quienes ahora deben iniciar con el proceso para aprobar la iniciativa de ley. «Confiamos que esta Décima Legislatura sepa entrar en la historia poniéndose del lado de la democracia y justicia. Los diputados tienen en su mano la oportunidad, apoyar la reforma es fortalecer la democracia», encomendó.

La Ley Orgánica del MP se reformó con 140 votos a favor y 2 en contra en 2016 para que el Presidente no pudiera remover al Fiscal General, con algunas excepciones. Ahora, para lograr acelerar el cambio, se necesitarían 107 votos y dada las dinámicas de la alianza oficialista, los votos se ven difíciles de conseguir, según fuentes del legislativo que piden no ser citados por nombre.

REMOCIÓN POR HONRADEZ E IDONEIDAD

De acuerdo con el documento de la iniciativa de ley que presentó Arévalo, el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP quedaría redactado de la siguiente forma: «El Presidente de la República podrá remover al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, por causa justificada debidamente establecida».

 

El presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general María Consuelo Porras. Foto: Presidencia de Guatemala / La Hora.
El presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general María Consuelo Porras. Foto: Presidencia de Guatemala / La Hora.

Además, la propuesta explica que se entenderá por causa justificada alguna de las siguientes causales:

a) La comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Se producirá el cese del ejercicio de sus funciones, una vez decretado el auto de prisión preventiva, según las disposiciones de la Ley en materia de Antejuicio.

b) Falta de capacidad, idoneidad u honradez sobrevenida, debidamente comprobada, en el ejercicio de sus funciones. Se considera acreditada esta causal, por los motivos siguientes:

  1. Declaratoria de estado de interdicción por juez civil, en resolución firme;
  2. Enfermedad notoria que disminuya permanentemente las facultades físicas o mentales para el cumplimiento de sus funciones, debidamente comprobada por examen realizado por tres médicos designados por la Junta Directiva del Colegio respectivo, a solicitud del Presidente de la República;
  3. Cuando en el informe anual que establece esta Ley o en informe específico requerido por el Presidente de la República, se denote falta de debida diligencia, o incumplimiento de las funciones y atribuciones que la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes le establecen para el ejercicio de la acción penal pública ante los delitos contra la vida e integridad de las personas, contra la administración pública, de los delitos de trascendencia internacional, los delitos contenidos en la Ley contra la narcoactividad o en la Ley contra la delincuencia organizada; o,
  4. Por conocimiento de la comisión de alguna de las faltas muy graves, contempladas en la literal c. subliterales a., b., c., d., h., l., m., n., s., t., y u. del artículo 62 de la presente Ley, o permitir o consentir a sus subalternos la comisión de cualquier falta grave o muy grave.

 

PORRAS SANCIONADA Y SEÑALADA

Porras fue elegida por el entonces presidente Jimmy Morales en 2018, de una terna de seis, para ocupar el cargo de fiscal general. Para 2021 fue sancionada bajo la Lista Engel de Actores Corruptos y Antidemocráticos de EE. UU. por socavar casos de corrupción y en 2022 se ganó una segunda restricción por ese mismo país.

Pese a los señalamientos internacionales y denuncias de operadores de justicia de iniciar una persecución política en su contra por investigar corrupción, el entonces presidente Alejandro Giammattei la reeligió al cargo para el período 2022-2026 y la calificó como su «amiga».

Giammattei y su pareja, Miguel Martínez, también fueron sancionados por EE. UU. por supuestamente recibir sobornos en la administración del país. Sin embargo, el MP no ha abierto investigaciones en contra del exmandatario y los procesos que se mantenían abiertos en contra de exfuncionarios han sido cerrados ante débiles acusaciones por parte del ente investigador.

RAMOS: COMISIONES EMITIRÁN «DICTÁMENES CORRESPONDIENTES»

Consultado el presidente del Congrero de la República, Nery Ramos, con relación a la iniciativa de ley para modificar la normativa de la Fiscalìa, explicó que la propuesta ya fue asignada a una comisión legislativa, y que por el momento no se tiene conocimiento de cuál es su estado.

«Nosotros tenemos conocimiento cuando las comisiones emiten los dictámenes correspondientes, y son remitidos para el trámite respectivo de cada una de las iniciativas», explicó el titular del Legislativo.

 

También indicó que la Décima Legislatura es respetuosa de las propuestas que son presentadas por las personas y entidades que tienen iniciativa de ley.

Con respecto a la que fue planteada por Arévalo, afirmó: «vamos a ser muy respetuosos del trámite correspondiente en el orden que han venido preentándose las iniciativas».