Jorge Mario Andrino Grotewold.
@jmag2010
La iniciativa de Gobierno Abierto, impulsada alrededor del mundo, establece dentro de sus grupos de trabajo combinados Estado-sociedad, el de la apertura legislativa, que promueve la coordinación de la población con sus diputados y/o senadores para alcanzar una comunicación efectiva y representativa. Además, facilita la veeduría social y la rendición de cuentas legislativa.
La propuesta de apertura legislativa, que cuenta con una referencia mundial en www.openingparliament.org realizó múltiples ejercicios técnicos y llegó al consenso de promover dentro de los diputados, congresistas y senadores -depende de la organización política de cada Estado- los “Principios Éticos comunes para miembros de Parlamentos” por medio de los cuales persigue concientizar a los representantes de los pueblos, sobre sus obligaciones políticas, especialmente en cuanto asegurar la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho; servir los intereses públicos; promover la integridad pública y evitar el conflicto de intereses; desarrollar sus responsabilidades profesionalmente y con transparencia; y finalmente, valorar la diversidad y el pluralismo político.
Al asegurar la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho, los legisladores deben respetar la Constitución de cada Estado y las normas legales de derecho interno e internacional, fortaleciendo las instituciones democráticas. También los Principios establecen que servir al interés público significa que deben contribuir a la gobernanza, actuando diligentemente, teniendo una relación estrecha con sus representados y actuando siempre de forma transparente y de buena fe. También les piden a los legisladores que al reforzar la integridad pública, se preocupen porque los recursos del Estado se inviertan y gasten de forma estratégica. Esto implica evitar el tráfico de influencias y los conflictos de interés. También el permitir el acceso a la información de sus negocios y situación financiera, personal y profesional, reforzando con ello un sistema de integridad público.
Los principios enfocan además de sus actividades legislativas, las personales, pidiéndoles que actúen con decoro, dando un trato adecuado al recurso humano con el que trabajan y protegiendo la confidencialidad que sea necesaria en los mejores intereses del Estado, más no personales. Finalmente, y sin que signifique jerarquía, la última parte de los principios que involucra valorar la diversidad –cultural y de pensamiento, que se asocia también a la tolerancia- y la pluralidad política se consideran esenciales, porque constituyen los orígenes de los problemas de legitimidad histórica de los congresistas, al verse superados en aspectos ideológicos, intereses personales o acusaciones de corrupción. El diálogo político público está ausente, y la ética de los legisladores, está cuestionada por la población.
Claramente a Guatemala y sus diputados les haría muy bien el considerar hacer propios estos principios y por ello, esta semana mediante una organización ciudadana novedosa, se hará la propuesta al Organismo Legislativo y su nueva Junta Directiva, para que la iniciativa sea conocida por todos(as) sus miembros, mediante talleres de facilitación, que no tendrán costo alguno para el Estado.
El denominado poder legislativo, ejerce como organismo de Estado, una de las más importantes funciones encomendadas por la Constitución, y pareciere anillo al dedo, que ante una nueva legislatura 2016-2020, alcanzar principios éticos especializados para legisladores sea una de sus agendas prioritarias, y así permitir que esa brecha que se generó de forma negativa hacia el Congreso y sus miembros, se reduzca, conjuntamente con una agenda legislativa profunda y que apoye la construcción social y económica de los guatemaltecos.
