Repasando los acontecimientos del año, como se suele hacer siempre que se aproxima su fin, tenemos que destacar lo ocurrido en abril cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad destapó el caso conocido como La Línea que abrió un nuevo escenario para los guatemaltecos que, sabiendo que existía corrupción, nunca imaginaron que había llegado a extremos tan graves como los que realmente tenemos. Influyó en la reacción ciudadana que las investigaciones involucraran al Secretario Privado de la Vicepresidenta de la República, personaje que había hecho abundantes méritos para irse ganando la antipatía de la gente por sus cínicas actuaciones que tuvieron su momento cumbre cuando nos quiso ver la cara a todos los ciudadanos con el negocio del agüita mágica para supuestamente limpiar el lago de Amatitlán.
Destacamos ese antecedente porque fue decisivo en la reacción de una ciudadanía indignada. Y a partir de allí se planteó una lucha ciudadana contra la corrupción, vigorizada por sucesivas investigaciones de la misma CICIG y del Ministerio Público que también se convirtió en pieza clave del esfuerzo por acabar la impunidad.
Los guatemaltecos nos hemos sentido complacidos porque dimos un golpe de timón importante que puede cambiar el rumbo del país para siempre. Insistimos en una palabra de la anterior frase, puesto que no es que hayamos ya cambiado el rumbo sino que el mismo “puede” cambiar si mantenemos la presión, si mantenemos el compromiso y si cambiamos nuestras actitudes para repudiar no sólo la corrupción, sino también a los corruptos que se han vuelto millonarios haciendo negocios a la sombra del Estado, otorgando licencias o concesiones, favores y privilegios, a cambio de mordidas o de participación en los mismos negocios que les tocó autorizar.
Los corruptos en Guatemala han llegado a donde están porque los ciudadanos se los permitimos, y porque no hemos tenido la entereza de aplicar la vindicta pública a los largos contra quienes en realidad no puede caber siquiera la presunción de inocencia porque la norma general, con excepciones notables y por lo tanto conocidas, es que en la función pública priva la corrupción y apenas un puñado de funcionarios y de instituciones se han librado.
Decimos que este 2015 fue el año del chispazo porque es el que puede haber encendido la mecha que provoque esa necesaria explosión indispensable para cambiar las cosas. Al día de hoy no hemos cambiado absolutamente en nada la estructura de la gestión pública y hasta en las aduanas ya se han reacomodado los contrabandistas, no digamos en los otros giros de negocio.
Ahora está el reto marcado y no podemos retroceder ni para agarrar aviada.
