Javier Estrada Tobar
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En medio de la crisis política que golpea con fuerza al Ejecutivo, la decisión de aferrarse al poder es una de las peores vías que podía tomar el presidente Otto Pérez Molina, pero ayer en una entrevista radial con Sonora dejó ver que permanecerá por más tiempo en la Casa Presidencial.
Pero además de esa decisión, que a criterio de muchos desgasta la institucionalidad de la Presidencia, el mandatario también envió un peligroso mensaje a la población y tiene que ver con la realización, sí o sí, de las elecciones generales.
Todo apunta a que el interés de Pérez Molina no solo es defender su puesto –por supuesto, con el respectivo beneficio del derecho de antejuicio–, sino que también proteger el sistema, es decir, mantener en pie el régimen político que en un momento lo llevó a la Presidencia y que ya demostró que está agotado.
“A todos los guatemaltecos y guatemaltecas que están pidiendo que no haya elecciones, quiero decirles que eso va contra la ley”, dijo textualmente el mandatario, en respuesta a los sectores que consideran que actualmente no hay condiciones adecuadas para ir a votar y piden que los comicios no se lleven a cabo el próximo 6 de septiembre.
El todavía Presidente, que parecía muy apegado al Derecho, no debería olvidarse que los que de verdad “rompen la ley” son los partidos políticos que financian ilegalmente sus actividades, realizan campañas anticipadas, acarrean votantes y compran voluntades con su poder, y no precisamente los ciudadanos que piden transparencia y reglas claras en la política.
No creo que las autoridades puedan pedirle a la población que acuda a votar en unas elecciones en las que participan partidos políticos cohesionados por la corrupción, como lo denunció recientemente la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Tal vez alguien debería contarle al Presidente que la corrupción no es buena.
¿Qué se “rompe la ley”? El abogado Alfonso Carrillo, un experto en Derecho, advierte que la Constitución garantiza el derecho a un proceso electoral puro, para que el voto sea libre y efectivo, y sostiene que hay una salida legal para el aplazamiento de las elecciones.
Al permitir que las agrupaciones se excedan en los límites de financiamiento, hagan campaña anticipada y violen de otras maneras la ley electoral, están obligando indirectamente a los ciudadanos a votar por algunos de estos partidos políticos que no debieran de existir, señaló recientemente Carrillo.
Asimismo considera que no se respetan las condiciones de una democracia, ya que no se respeta el derecho de que el pueblo elija a sus gobernantes por medio de elecciones periódicas, libres y exentas de toda presión, manipulación y fraude, así como no existe una separación de poderes. Así las cosas, no hay condiciones adecuadas para que se lleven a cabo las elecciones.
Yo respeto la decisión de las personas de ir a votar o no el próximo 6 de septiembre, pero creo que las campañas que llaman a la población a acudir a las urnas también deberían exponer el verdadero panorama de la política y dejar en claro que nuestro sistema corrupto ya está agotado.
