Francisco Cáceres Barrios
La mala costumbre que viene desde nuestros antecesores de hacer cada quien lo que le dé la regalada gana importando muy poco lo que las leyes dicten o bien retorcerlas con tal de salirse cada quien con la suya, ha influido notoriamente en el comportamiento de nuestros políticos. Esta locura, porque no puedo llamarla de otra manera, se ha ido acentuando desde 1985 a la fecha hasta llegar a proponer por ejemplo, la trasnochada idea de “guardar” la Constitución, mientras se hagan ajustes o acomodos que las circunstancias demandaran ya fuera para suspender las elecciones o para sustituir al primer mandatario de la nación. Esto no es más que asestar un golpe de Estado más mañoso que aquel elaborado por Jorge Serrano.
Otra malhadada estratagema que se ha vuelto común en nuestros días es cuando nuestros políticos se sienten tremendamente ofendidos porque una entidad como el Ministerio Público o la CICIG anuncian públicamente haber descubierto claras señales de corrupción de ellos en determinada actividad. Entonces, es cuando surgen las dramáticas escenas imitadoras de todo un Vía Crucis, producen enorme cantidad de campos pagados en los medios de comunicación, como de viscerales como resentidas declaraciones en estaciones nacionales radiales y televisivas y hasta de carácter internacional, cuando la lógica y el debido proceso dicta seguir un comportamiento totalmente distinto, como es el recurrir a las diversas instancias procesales de la justicia exhibiendo plenas evidencias para plantear y hasta exigir una formal declaratoria de inocencia.
En otras variaciones a los actos antes mencionados también hemos podido comprobar recientemente, que cuando alguna entidad empresarial resulta afectada por una denuncia de corrupción, de tantas que ahora han llenado el ambiente, aducen que tienen o disfrutan de permisos, autorizaciones o contratos emitidos por entidades estatales, haciendo caso omiso a que si las mismas fueron ilegalmente dictadas son nulas ipso jure. ¿Y qué decir de cuando sorpresiva e ilegalmente se selecciona y nombra a un integrante, nada menos de la Corte de Constitucionalidad, vulnerando leyes y procedimientos claramente establecidos en el orden jurídico nacional?
Claro, hemos caído en el “relajo nacional”. Estamos viviendo la culminación de un período largamente anárquico, como violatorio a normas que todo país civilizado sobre la tierra debiera tener y que de continuar con ello obligaría a irnos preparando para sufrir un descalabro tal que provocaría enormes repercusiones para el presente y futuro de nuestra nación. Toca ahora a las personas y entidades respetuosas de las leyes que nos rigen, ponernos de pie y elevar al unísono nuestras voces clamando orden, respeto y sobre todo mucha madurez hasta volver a retomar la senda de la legalidad y del buen hacer.
