Raúl Molina
Hasta el 31 de mayo, Otto Pérez tuvo la oportunidad de presentar su renuncia –gesto que la Vicepresidenta y seis ministros tuvieron la valentía de hacer- y, sostenido por la Embajada y el CACIF, se ha negado a hacerlo. Como consecuencia, Estados Unidos se ha metido hasta la cocina en materia financiera (y más), el Estado se ha endeudado exageradamente y el gobierno, que funcionaba poco y mal antes, ahora ha llegado a su más profundo colapso. No podemos permitir que el Estado fallido se oficialice con un gobierno títere y diremos al gobierno estadounidense que su intervención tendrá costos. En primer lugar, aunque será difícil concretar nuestra propuesta, a partir del 1 de junio no reconocemos más a Otto Pérez como presidente y, por lo tanto, no reconoceremos ninguna deuda que este gobierno asuma. Si Mr. Robinson quiere ser el titular de la SAT, en lugar de pasar el polígrafo a los empleados, debe sacar de inmediato a Pérez, como responsable último de la defraudación, a menos que se lo prohíba una misteriosa “Subsecretaría de Estado” en Washington DC.
La ciudadanía ya no puede esperar a que Pérez “tenga la gentileza” de irse. El enojo popular irá en aumento y peor con los actos de violencia que empiezan a producirse, como el condenable asesinato de Francisco Palomo. Las características de este hecho criminal son exactamente iguales al accionar de los “escuadrones de la muerte”, arma contrainsurgente del período del conflicto armado. Para los que crean que la violencia va a disuadir la protesta, les hacemos notar que Guatemala cambió el 25 de abril. La apatía y el temor han sido finalmente derrotados: no funcionará más el terrorismo de Estado. Desde luego, comienza ahora el período de la “desobediencia civil” de la ciudadanía, entendida ésta como “acciones colectivas públicas y abiertas, deliberadas e intencionales, por motivos morales que son expresión de responsabilidad ciudadana, con plena conciencia de las consecuencias legales de los actos a efectuar, los cuales serán pacíficos y no violentos”. Las modalidades pueden ser muy variadas, algunas dirigidas al Estado, como el no pago de impuestos ni multas o huelgas de brazos caídos o cierres de carreteras, y otras dirigidas a quienes sostienen a Pérez, como boicot económico y austeridad en el consumo para presionar al CACIF, o no compra de artículos y servicios de empresas estadounidenses, para presionar a Washington. Y, desde luego, para frenar el ilegítimo e inconstitucional proceso electoral, las y los ciudadanos deben rechazar ser fiscales del TSE en las mesas electorales, como sugieren las y los migrantes. Algunas voces quieren defender este viciado proceso; pero sería irresponsable la reforma de la ley electoral si no es de aplicación inmediata. Cambios aplicables ya solamente se logran deteniendo el proceso. De lo contrario, nos gastaremos y desperdiciaremos decenas de millones de dólares para elegir gobierno, diputados y alcaldes que serán rechazados por la población desde el primer día. El imperio y los grandes ricos nos quieren sumir en la anarquía total, para tratarnos igual que a Haití; pero no estamos dispuestos a tolerar la represión ni ser colonia.
