Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Los Bonos del Tesoro se han convertido no sólo en manzana de la discordia ahora que el gobierno se encuentra en trapos de cucaracha, sino en un recurso financiero que vale la pena analizar con detenimiento porque se traduce en una deuda onerosa por los intereses que se tienen que pagar y que son muy superiores a la tasa que rige para el endeudamiento externo. Por principio el ideal sería que el Estado limite sus gastos e inversiones a lo que le ingresa, tal y como ocurre con la economía familiar, pero el endeudamiento es un recurso al que puede recurrirse ocasionalmente en momentos de crisis o cuando es preciso realizar inversiones para propiciar mayor crecimiento y desarrollo.
Dos factores que los consumidores conocen perfectamente se convierten en mezcla explosiva que termina poniendo de rodillas a quien no los toma en cuenta a la hora de contraer deuda. El primero es la tasa de interés que ha de pagar por el dinero que recibe y el otro es el destino que se da a esos recursos. Si el dinero obtenido se usa para consumo en vez de inversiones productivas y rentables, el endeudamiento puede ser pernicioso y más aún si el mismo se contrae a elevadas tasas de interés. Por eso quien se endeuda con una tarjeta de crédito se está poniendo la soga al cuello porque no tendrá de donde sacar para cubrir los leoninos intereses que se generan mensualmente.
Algo así le pasa ahora al Estado de Guatemala, puesto que se requieren Bonos del Tesoro, que pagan elevadas tasas de interés, para cubrir los gastos ordinarios de funcionamiento. Ya se ha dicho que sin su aprobación no habrá dinero para cubrir ni las asignaciones constitucionales para las distintas entidades que dependen de ella para operar con normalidad.
Es momento de recordar que estamos frente a uno de esos casos en que el remedio resulta peor que la enfermedad, porque se le vendió a la gente la idea de que había que eliminar la facultad de la banca central de financiar al Estado y se aprobó la reforma constitucional respectiva. La consecuencia es que ahora cuando hace falta financiamiento, en vez de recurrir a la banca central, se tiene que colocar bonos que son adquiridos con mucha fruición por el sistema bancario que así resuelve sus excesos de liquidez y, de paso, obtiene jugosas ganancias porque los intereses que pagan esos bonos son muy elevados.
Deben estar muy agradecidos los banqueros del país con quienes propusieron en tiempos de Ramiro de León Carpio esa reforma constitucional que prohíbe al Banco de Guatemala otorgar financiamiento al Estado como ocurría anteriormente. No creo que haya sido una propuesta ingenua ni desinteresada, sino planificada con todo el cuidado sabiendo que el efecto sería precisamente el de canalizar por la banca privada las necesidades financieras que pudieran surgir en cualquier momento. Era un remedio cuyos efectos secundarios eran plenamente conocidos por quienes dieron la receta porque, finalmente, lo que se perseguía era ese negocio que hoy nos preocupa a todos porque significa endeudamiento extremadamente caro.
