Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
Los guatemaltecos vivimos como parte de un sistema que grita a los cuatro vientos que el ser pícaro, si se sabe hacer y no se es “tan burdo”, rinde sus frutos porque le permite al sinvergüenza acceder a ese sistema paralelo que todo lo termina arreglando para asegurar impunidad.
El miércoles de la semana pasada en un restaurante de la zona 10 capitalina se pudo visualizar alrededor de unos 6 extranjeros que ingresaban a un salón privado del recinto. Algunos de ellos entraban y salían a tomar un poco de aire, otro hacía comentarios con palabras soeces y otro platicaba por teléfono diciendo que esperaban obtener la autorización.
A los pocos minutos, ingresó personal del Ministerio de Energía y Minas al restaurante y casualmente ingresaron al mismo salón privado en el que se encontraban los extranjeros; a uno de ellos se le olvidó quitarse el gafete. Se cerraron las puertas y al tenor de unas copas de vino se llevó a cabo la reunión.
No hay que ser científico astro nuclear de la NASA para saber que desde hace muchos periodos el Ministerio de Energía y Minas junto con los ministerios de Salud y Comunicaciones, son los más rentables porque es donde se pueden hacer los mega negocios. No se confunda, estimado lector, no quiero decir que en los demás ministerios no se cuecen habas, pero no al nivel de estos tres.
¿Qué habrán tenido que hacer, funcionarios del Estado, en una reunión privada con “inversionistas”? ¿No sería “un poco más transparente” que las reuniones se sostuvieran en la sede del ministerio en donde debería quedar un registro de visitantes? ¿Cuánto cree usted que cuesta una autorización estatal o la prórroga de un contrato estatal?
A pesar que en Guatemala no pasa nada, quienes juegan en esas ligas toman algunas precauciones y por tanto, las grandes comisiones que se dan en los negociosos estatales no se pagan en Guatemala sino se hace mediante entidades fuera de plaza, tanto de quien es contratado y paga la mordida como de quien otorga el contrato y recibe la mordida.
Y porque cada día existe más voracidad para hacer los negocios es que usted debe entender la necesidad de poder controlar la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Constitucionalidad (CC) y las Salas de Apelaciones. En estas últimas es donde se concentra la mayoría de casos para asegurar impunidad, pero en la CSJ los “peces gordos” del Estado aseguran su tranquilidad y para muestra el caso de Gudy Rivera es ilustrativo en torno a la necesidad de controlar las mismas. La CC es el mostrador por medio del cual se arreglan las cosas más importantes del país a gusto del cliente.
No contentos con tener las cortes, también se aseguran que el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) sean entes castrados para combatir la corrupción y el tráfico de influencias y si no me cree, pregúntese por qué el caso de Rivera ha sido el más sonado al amparo de la Ley Contra la Corrupción.
Esa autopista a la impunidad es la que motiva, entre otras cosas, la intención de aniquilar cualquier esfuerzo como el de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o cualquier otro que por asomo pretenda cambiar las reglas del juego.
No es porque yo sea abogado pero insisto que Guatemala no podrá tener presupuesto que alcance, jóvenes educados y desarrollados, inversionistas serios en lugar de piratas, mientras aquí sepamos que las cosas tienen consecuencia si y solo si, no se tienen los conectes o la falta de escrúpulos para ser parte de un sistema paralelo que se especializa en asegurar impunidad.
La impunidad es un tema que afecta además la economía y exacerba a los pueblos. Le hemos apostado a que la pita no se romperá y que mientras tanto, se debe aprovechar para saquear a la gallina de los huevos de oro.
El pueblo parece tener sangre de horchata, pero llegará el día en que ante tanta desfachatez, dolor y sufrimiento sin consecuencia, la horchata se transforme en fuego e ira y entonces, lamentaremos haber sido cómplices o autores de la impunidad.
