Francisco Cáceres Barrios
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Todo empleado público debiera saber de memoria la Constitución de la República, tal vez así aprendería que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, por lo tanto, ese mismo Estado tiene forzosamente que garantizar la vida humana, su integridad y seguridad. Lo anterior no tiene fechas, ni períodos de tiempo, eso debe ser así siempre y no caben excusas ni pretextos para incumplir tal mandato. De ahí proviene nuestra insistencia porque nuestras autoridades tomen en serio y con la responsabilidad debida su gorda obligación de prevenir accidentes y no solo concretarse en hacer conferencias de prensa ocasionales o propagandísticas para pretender demostrar que hacen algo para justificar los sueldos que perciben, como la que acaban de montar con motivo de que el próximo 16 de noviembre 2014 se celebrará el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.
Como es sabido por todos el actual gobierno anda pasando el Niágara en bicicleta debido a que no tiene pisto para cumplir con sus compromisos y deudas, pero sí lo tiene y hasta en demasía, para cosas superfluas o sin importancia y mucho menos para preservar la vida de las personas. Si el gobierno anduviera raspando la sartén para cosas realmente importantes en la búsqueda del bien común, ningún ciudadano tendría argumentos para oponerse a seguir endeudando el país hasta el copete, sin embargo sigue dejando de lado lo vital, como sería una campaña permanente, educativa y formativa de carácter seria, formal, técnica y eficiente para evitar que tanto cafre desobedezca las leyes de tránsito, como para aplicar las sanciones que correspondan.
¿Quién no sabe que el país no cuenta con un sistema o procedimiento para llevar estadísticas confiables, mucho menos para asegurar que cuatro guatemaltecos mueren diariamente por accidentes de tránsito, cuando si se llevara el debido control, información y registro tales datos entonces sí podrían ser confiables? Bastaría realizar una encuesta de lo más sencilla y práctica para averiguar que la población guatemalteca no sabe siquiera que existe un Departamento de Tránsito adscrito a la Policía Nacional Civil, mucho menos que la Dirección de Protección Vial (Provial) cubre eficazmente los cientos de carreteras del país en función preventiva de accidentes. ¿O a usted estimado lector le consta que utilizando todos los medios de comunicación social posibles se hace en Guatemala una labor educativa y formativa para evitar conducir vehículos en estado de ebriedad, a altas velocidades e irrespetando todas las disposiciones de la Ley de Tránsito? No, ya es hora de hacer las cosas con toda formalidad y decencia y no seguir manipulando la conciencia ciudadana.
