Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
No digamos cuando se trata de delitos imputables al crimen organizado, como el narcotráfico, pero sobre todo cuando nos referimos al saqueo que los corruptos hacen del erario público todos los días para hartarse con recursos que debieran servir para impulsar el desarrollo y atender las necesidades de educación, de salud, de seguridad y justicia, por lo menos, de la población guatemalteca.
En otras palabras, los problemas que hunden al país y que nos mantienen en esta situación de inseguridad, de conflictividad y de permanente subdesarrollo que causa literalmente muertes por hambre y que obliga a miles a emigrar en busca de las oportunidades que les negamos como sociedad, está en el tema de la impunidad que es característica de nuestro sistema de justicia, si es que así se puede llamar al mamarracho que tenemos para aplicar la ley y sancionar a los antisociales que se benefician porque han comprobado que el crimen aquí sí que paga y paga muy bien.
Es de tal calibre el problema que tuvimos necesidad de pedir auxilio a la comunidad internacional con una Comisión, la CICIG, que viniera a enfrentar por lo menos la impunidad en el tema de los grupos clandestinos que operan a la sombra del Estado, pero el problema trasciende esa dimensión porque la impunidad se ha generalizado para convertirse en un valor absoluto.
Yo sostengo que el régimen de impunidad se creó desde los mismos tiempos de la Colonia cuando se acumularon privilegios para grupos poderosos que podían hacer lo que quisieran sin temor a enfrentar la menor consecuencia legal. Pero se cimentó durante el conflicto armado interno, cuando el Estado perfeccionó un modelo para proteger a sus agentes en la lucha contra la insurgencia y ampararlos para evitarles consecuencias legales en el marco de esa guerra. Firmada la paz, toda la estructura de impunidad continuó intacta y puso sus servicios a la orden del crimen organizado, de los delincuentes de cuello blanco y de los corruptos, además de que como la justicia tiene precio, cualquiera que pueda pagar por la impunidad se beneficia de ella y existen redes de abogados que saben exactamente las cuerdas que deben tocarse para lograr los resultados.
Mientras no rompamos el sistema de impunidad, el país no tiene ni salida ni horizonte y por ello es tan importante lo que estamos viviendo hoy con las Cortes. Paso a paso, con firmeza, tenemos que avanzar para construir el verdadero estado de derecho que castigue al delincuente. Sin eso, no hay futuro.
