Félix Loarca Guzmán

El artículo 51 de la Constitución Política de Guatemala estipula que “El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social”.

Como podemos apreciar, se trata de un compromiso incumplido, pues los niños no solo están olvidados, sino son explotados de muchas formas.

Mientras la Carta Magna establece que el Estado les garantizará su derecho a la seguridad alimentaria, en la realidad se trata de una promesa de fantasía.

Ayer martes escuchamos en un noticiero local las declaraciones del Procurador de los Derechos Humanos, el Magíster Jorge Eduardo De León Duque sobre que en Guatemala los niños tienen que trabajar para no morirse de hambre.

Un informe oficial del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, resalta que el 80 % de las muertes infantiles en Guatemala se presentan en el primer año de vida y se deben principalmente a problemas diarreicos, neumonías y enfermedades inmuno prevenibles, así como aquellas asociadas a la desnutrición.

Según los expertos de UNICEF, todos estos problemas pueden evitarse con adecuadas medidas de salubridad pública y prevención.

Hace dos años, el director Ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, expuso que “…Hay asuntos pendientes en materia de protección infantil” El alto funcionario internacional reconoció que millones de menores de edad siguen muriendo en el mundo por causas en gran medida prevenibles para las cuales existen intervenciones probadas y asequibles.

Desdichadamente, en Guatemala muchos niños han muerto y siguen muriendo por hambre, mientras según un informe del Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, el partido oficial, el Partido Patriota recientemente gastó más de 23 millones de quetzales en la realización de un mitin político en la Plaza de la Constitución, para proclamar como su precandidato presidencial al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, en una clara acción de campaña anticipada desafiando a las autoridades electorales y al pueblo de Guatemala.

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