Oscar Clemente Marroquín
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Pero llama poderosamente la atención que sea tan puntilloso el llamado a que respeten una participación éticamente cuestionable invocando la majestad misma de la ley y que, por el contrario, el mandato constitucional que obliga a que la reconocida honorabilidad sea un requisito esencial para el nombramiento de los administradores de justicia se lo pasen por el arco del triunfo con uno y mil argumentos que van desde la imposibilidad de medir esa cualidad hasta el simple y olímpico desprecio a la norma de la Ley Fundamental.
Cuando uno escucha los argumentos que ofrece don Félix Serrano en contra de los críticos del trabajo de las comisiones y ve la forma en que fundamenta en el texto legal su rechazo a los cuestionamientos, no puede sino pensar que el mismo celo debiera tener para hacer que valga el espíritu y la letra del artículo constitucional que privilegia la reconocida honorabilidad como un requisito indispensable e ineludible para postular candidatos a Magistrados. Yo entiendo su argumento en el sentido de que como Presidente de la Comisión de Postulación tiene un marco que le rige y en el que debe encuadrar sus actuaciones, que es precisamente la Ley.
Siendo así, sería su deber ineludible, su obligación impostergable, preocuparse por el cumplimiento del requisito que establece la más importante de las leyes de la República, es decir la Constitución Política, puesto que para bien o para mal, los legisladores establecieron que era indispensable probar la reconocida honorabilidad. El que no hayan establecido un procedimiento rígido para medirla no exime de la necesidad de corroborarla en todos y cada uno de los casos de aquellos profesionales que aspiran a un cargo para el que no se puede optar sin poseer honorabilidad que, además, tiene que ser reconocida.
Vemos, pues, que en este caso hay el eterno doble rasero que tanto daño nos hace como sociedad, puesto que esgrimimos argumentos inconsistentes que demuestran nuestra falta de coherencia. Si el respeto a la ley es tan importante para justificar lo que hacemos, también debe reconocerse su importancia cuando dejamos de hacer algo que la ley exige de manera tajante, clara y rotunda.
El cuestionamiento a las comisiones lo toma el señor Serrano como una especie de ataque personal y se defiende desde esa perspectiva. Es un tema institucional, de preocupación por el futuro de la justicia que debiera compartir entendiendo que las escasas acciones que toman grupos sociales son un grito desesperado contra el régimen de impunidad.
