Oscar Clemente Marroquín
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Así como Tomás de Torquemada no se anduvo nunca con babosadas para aplicar los castigos dispuestos por la “Santa” Inquisición, tampoco el Tribunal de Honor se andará con chiquitas para acoger con entusiasmo la denuncia que pretende enviar a la hoguera de la práctica del derecho a los profesionales que, en ejercicio de sus facultades como ciudadanos con derecho de petición, han actuado para tratar de corregir lo que a su juicio son vicios en el proceso de postulación de los profesionales que serán elegibles para conformar la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones.
Las Comisiones de Postulación no pueden considerarse ofendidas porque se hagan señalamientos respecto a su proceder y tienen que entender que al integrarlas, sus miembros están desempeñando una función pública que es, por lo mismo, objeto de escrutinio de la ciudadanía que tiene todo el derecho de reclamar y exigir porque lo que está en juego es el futuro de la justicia del país. Ciertamente se puede tratar de personas particulares que, como los decanos de las facultades de universidades privadas, no son funcionarios públicos, pero en cuanto a postuladores, desempeñan una evidente función pública.
Aparte, el mismo hecho de aceptar la conformación de las comisiones hace que los ciudadanos tengan derecho, por ejemplo, a averiguar si son decanos de alguna facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que efectivamente funciona o si simplemente fue “establecida” para asegurarse un espacio en ese enorme mercado de tráfico de influencias en que, por ello, se han convertido las comisiones encargadas de postular candidatos.
La ley norma la forma en que se deben tramitar los recursos de Amparo y también la forma en que se puede impugnar una decisión que lo otorga. Las Comisiones tienen el mismo derecho y las mismas garantías procesales que tienen los amparistas y por lo tanto no hay tales de sentirse agraviados por una resolución que puede ser objeto de las impugnaciones correspondientes.
La última Comisión de Postulación para Fiscal General hizo un papelón cuando dedicó toda una sesión a echarle reata a una periodista que les había criticado. Qué jocotes se creen para sentirse intocables. Si no quieren que se les moleste ni con el pétalo de una rosa, que se abstengan de asumir una función pública con implicaciones políticas tan evidentes y notorias, porque quien se convierte en comisionado se expone al escrutinio y, peor aún, a la crítica de cualquiera.
