Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En el caso de Guatemala, nuestra calificación en S&P es relativamente baja porque de las 17 gradaciones que contempla el sistema que arranca con AAA, nosotros nos encontramos en un muy modesto BB+, es decir debajo de la medianía. Pero hay que ver que los indicadores de riesgo de la entidad no se basan únicamente en el frío dato recolectado, sino en el análisis lógico de la información. Valoran mucho nuestra estabilidad macroeconómica y ello nos coloca en una posición de ventaja, pero se preocupan mucho por las condiciones de mediano y largo plazo y lo que destacan es la baja recaudación fiscal porque somos el país del Continente con menor tasa de recaudación fiscal con relación al Producto Interno Bruto y a juicio de los analistas encargados de hacer las calificaciones, mientras ello se mantenga el país no tendrá recursos ni para mejorar su infraestructura y darle mantenimiento, ni para mejorar en educación, en salud o en seguridad, cuestiones que son decisivas a la hora de valorar si un país soberano es atractivo para el inversionista.
Y me llama poderosamente la atención que justamente ahora, cuando el Ministro de Economía y algunos de sus socios del sector privado se aferran a un proyecto de ley de inversión y empleo que se orienta a minar más aún la débil estructura tributaria, los expertos y técnicos de Standard & Poor´s hagan énfasis en que la viabilidad futura de Guatemala está comprometida por la baja recaudación fiscal. Y es que contra lo que piensan algunos que han sido encasillados en el dogma ideológico de que no hay que pagar impuestos y que los tributos son un despojo al individuo que frenan el desarrollo, los que durante más de un siglo han venido viendo data importante sobre el progreso y el desarrollo saben que sin una carga tributaria racional no puede alcanzarse una situación de sostenibilidad en el desarrollo.
Aparte está el hecho de que nuestra estabilidad macroeconómica se ve comprometida por el aumento de la deuda pública, sobre todo porque no hay garantía de recursos suficientes para asegurar un sano servicio de la deuda a la par de una constante inversión en el desarrollo por la vía de la educación, la salud y mejor infraestructura nacional para catapultar nuestro crecimiento económico, no digamos la seguridad que sigue siendo tarea pendiente.
